Las inundaciones recientes que anegaron 2 millones de hectáreas en toda la provincia afectaron duramente a la población campesina más humilde.
Alrededor de 8 mil dueños de menos de 200 cabezas de ganado, es decir productores en economía de subsistencia, perdieron más de 60 mil cabezas de ganado en total.
Jahavere, ubicada sobre lomadas e islas en el centro del Iberá (Municipio de Concepción), no fue la excepción, pero el impacto de las crecidas se magnifico por el terraplén ilegal, que lejos de ser destruido (lo que exige la sentencia judicial) fue reparado por la empresa Haciendas San Eugenio en vísperas de la crecida.
Vale recordar que en marzo de este año familias de la comunidad Jahaveré realizaron una nueva denuncia contra la ampliación y reconstrucción del terraplén ilegal por parte de Hacienda San Eugenio. La denuncia es tramitada por el Juzgado Correccional N° 1 de Corrientes, a cargo de la jueza Gabriela Aromí de Sommer, y el titular de la Fiscalía en lo Correccional N° 1 de Corrientes, Pablo Sosa, que llevaron adelante varias inspecciones judiciales en el Paraje Jahaveré.
Ante el duro impacto del agua casi todos los pobladores se evacuaron en el pueblo de Concepción y por la ausencia del Estado fueron asistidos solidariamente por cooperativas de la economía popular organizadas por el MTE - CTEP, cuyo referente nacional es Juan Grabois. Ellos proveyeron de urgencia colchones y mercaderías.
Pero ahora que las aguas están bajando otra amenaza pone en jaque el poblamiento de la zona. Los empleados de Kristine McDavitt, la viuda de Douglas Tompkins, amenazan con sacar las vacas de la única loma con pasto, aprovechando la poca presencia de pobladores en el aun encharcado paraje.
“Fuimos afectados al cien por ciento, porque las casas quedaron bajo agua, y las familias tuvieron que irse de la comunidad, perdimos tanto cosas materiales, como la producción de las chacras, las aves de corral que terminan a la deriva, se perdieron chanchos y ovejas que si no se los mata terminan muriendo. Y los vacunos hay que mover y reclamar contantemente un lugar, porque las tierras altas están todas alambradas" relató Miriam Sotelo, integrante de la comunidad de Jahaveré. “Nos afecta aún más no tener un sitio definido para llevar nuestros animales, como antes cuando que podíamos decidir moverlos a una loma y nadie nos echaba” recordó Sotelo.
No es la primera vez que ocurren estas prácticas contra los pobladores, ha sido común en el pasado, tanto por parte de los empleados de Tompkins como de Hacienda San Eugenio. No sólo desalojar vacas, sino también matar chanchos, dando un duro golpe a la economía de los originarios.
"Amedrentan, presionan, desalojan las vacas, cierran tranqueras, impiden el acceso a los montes para sacar leña a una veintena de familias en 15 mil hectáreas. No es un problema ecológico de conservación. Es un problema ideológico de una minoría que responde a interés norteamericanos ajenos a las necesidades de los Correntinos." declaró Emilio Spataro, ecologista fundador de Guardianes del Iberá.
"No se sostiene en ninguna argumentación ambiental que vos quieras ‘donar’ tierras al Estado para hacer un parque nacional y al mismo tiempo niegues el uso tradicional y respetuoso con la naturaleza que llevan adelante desde hace generaciones sus pobladores originarios. Hay una estrategia de control del territorio y de toma de decisiones que afecta duramente las posibilidades de continuidad de existencia de la biocultura del Ibera." afirmó el ambientalista.
La lucha territorial de las comunidades guaraníes en Corrientes, también se manifiesta en la exigencia del cumplimiento de la Ley Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígena, que debe aplicar el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Esta ley, ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por comunidades indígenas (ocupación actual, tradicional y pública), declara la emergencia en materia de posesión y propiedad y ordena suspender la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo de las comunidades de sus territorios.
“En noviembre vence la prórroga de la Ley, y nosotros venimos pidiendo el relevamiento como hace dos años, para que se realice en el territorio que nosotros reclamamos, que es nuestra herencia, nuestro patrimonio, nuestro hogar. Esperamos que se cumpla el relevamiento antes de que venza la prórroga” manifestó Sotelo.
Además, Spataro recordó que las organizaciones ecologistas están impulsando una ley nacional de protección de los humedales “para que obras mal planificadas no destruyan más estos ambientes y se respete los derechos, opiniones e intereses de sus pobladores originarios”. Y concluyó “queremos que la protección de los humedales sea una política pública, no la excusa de una elite para vaciar los territorios de campesinos pobres".
