El Centro Mandela marcó presuntas irregularidades en otorgamientos de Colonización.
En un informe presentado este viernes a los medios, el Centro de Estudios e Investigación Social “Nelsona Mandela” relata que Vilma Isabel Dellamea quiso que se le adjudique 2500 hectáreas de tierras fiscales. Comenzó el trámite el 18 de septiembre de 2014, con una hoja de ruta como foja cero. Las actuaciones se encontraban en la presidencia de Colonización. En la primera hoja, el presidente del Instituto, Raúl John Paris, giró -en la misma fecha- las actuaciones con el número de expediente, con el sello de mesa de entradas, a pesar de que la correcta iniciación de todo expediente supone primeramente el otorgamiento de un número para dar origen a una actuación administrativa. Con ese número se debe ordenar la formación de los expedientes y se lo caratula. A fojas 2 la jefa a cargo de mesa de entradas, una señorita que no tiene capacitación suficiente, que es de planta permanente desde hace tres años y sobrina de un ex funcionario de Colonización que continúa siendo muy influyente, elevó el expediente a la presidencia el mismo día 18 de septiembre. No informó cuantas fojas formaban parte de lo actuado hasta allí.
Posteriormente, el agente Juan Mendivil –de confianza de Presidencia- agregó la ficha de antecedentes familiares en la que figuraba que la señora Dellamea no ocupaba el predio fiscal que pretendía que se le adjudique, sino que supuestamente trabajaba la tierra desde octubre de 2011. Esto está registrado a en las hojas 2 y 3 del expediente. En la hoja 5 se agregó un informe de inspección del mismo agente, quién reconoció que realizó la inspección sin tener el expediente en su poder, y que la ocupante Dellamea alegó que había comprado las mejoras incorporadas a la tierra fiscal en 2011; sin embargo, no acreditó ninguna documentación que pudiera suponer una compra venta o una cesión de derechos. O sea que la postulante reconoció que había cometido una irregularidad dado que está prohibido ceder encubiertamente adjudicaciones de tierras fiscales dado que se si eso ocurre deben ser anuladas, recuperándose el predio fiscal, que debe pasar nuevamente a poder de Colonización. La inspección se habría realizado el 14 de septiembre de 2014, según fue organizado para tramitar la actuación. En la hoja 10 se agregó una documentación que aportó Dellamea en la que se puede apreciar que su domicilio real era Mendoza 1927 de la ciudad de Resistencia, dato revelador de posibles irregularidades. Recién en la hoja 17 se agregó una actuación en la que se puede detectar que ese instrumento pudo haber sido confeccionado con la misma máquina que se utilizó a fojas 1 para que la presidenciales Colonización ordenara la formación del expediente. Esto fue tan así que hasta el encabezamiento fue el mismo. De igual manera, esto se repitió hasta fojas 22, en la que figura una llamada “aplicación final”, consignándose el enigmático rubro “cánones”, que es una figura creada por el presidente de Colonización en el fatídico caso Hupaluk, para el cual también se habría utilizadado la misma máquina.
Organizados para el saqueo
En ese sentido, el Centro Mandela sostiene que “a fojas 26 se sumó un acta que intentó reflejar que el padre de la señora Dellamea era productor durante la década de los años 50, con un sello en el que figura Roberto Fermín Hidalgo como presidente de la Cooperativa Margarita Belén, que pretendió certificar esta supuesta actividad, cuando que tal información debería ser brindada por el Departamento Estado Legal del Instituto de Colonización. Cinco días después de solicitar que se forme expediente, París mandó el expediente para que continuara el trámite inherente a la adjudicación de 2500 hectáreas a nombre de la señora Dellamea. La solicitante presentó un plan de trabajo para realizar en el predio un proyecto ganadero a gran escala; sin embargo, en ningún momento presentó un simple boleto de marca y señal o acta de vacunación. Mientras tanto, París no dio intervención al Departamento Estado Legal, lo que es obligatorio desde el inicio de las actuaciones dado que el agente que actuó -Juan Mendivil- reconoció expresamente que gestionó sin el expediente a la vista”.
“En definitiva, el caso Dellamea es uno de los tantos que pone en evidencia las continúas y sistemáticas irregularidades que se cometen en cientos de expedientes abiertos y tramitados por el Instituto de Colonización, con la finalidad de adjudicar grandes extensiones de tierra a adjudicatarios que gozan de tramitaciones exprés y privilegiadas, violándose repetidamente la ley de tierras y lo que establece la constitución chaqueña, que en su artículo 42 obliga a los funcionarios de Colonización a adjudicar tierras fiscales a las personas que presentan planes de Colonización, con fines de fomento, desarrollo y producción que contemplen la distribución por unidades económicas de tipo familiar, de acuerdo con su calidad y destino, la explotación directa y racional por el adjudicatario, la entrega y adjudicación preferencial a favor de los aborígenes, ocupantes, pequeños productores y su descendencia, a cooperativas y entidades sin fines de lucro. También diariamente se viola el artículo 43 de la Constitución puesto que se adjudican, en forma directa o indirecta, tierras fiscales a sociedades mercantiles y grandes empresarios”.
