El gobierno provincial no tiene intención de solicitar el levantamiento de la medida se confirmó este viernes.
El gobierno provincial a través de la Fiscalía de Estado informó ayer a la Defensoría del Pueblo de Chaco que continuará elevando a las autoridades pertinentes los informes sobre la medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que protege y tutela a las comunidades aborígenes desde Pampa del Indio hacia el norte, en la zona de El Impenetrable.
En la nota, el fiscal de Estado Jorge Alcántara, no hace referencia alguna a la solicitud de levantamiento de la medida cautelar en cuestión, un planteo que mantiene preocupados a los organismos, organizaciones sociales y referentes que velan por que se cumpla con los derechos esenciales de los pueblos originarios.
La nota recibida refiere a un oficio que presentó el ombudsman, Gustavo Corregido, ante el Poder Ejecutivo chaqueño, solicitando que se informe a la Defensoría del Pueblo sobre “la eventual existencia de un pedido de levantamiento de la medida cautelar de la CSJN, sobre la denominada zona judicializada del departamento Güemes, por parte del gobierno provincial”.
Este oficio pertenece al expediente que abrió la Defensoría del Pueblo después de la reunión que mantuvo a principios de octubre el defensor con los referentes, Edigio García de Las Palmas en representación de la Comisión de Derechos Humanos, Mario Fernández en representación del Consejo de Participación Indígena en los departamentos Güemes y Maipú, Roxana Temay en representación de la Asociación de Mujeres Indígenas del Chaco, Natalia González como agente del Ministerio de Salud Pública en la localidad de Tres Isletas, Lorenzo Leonardo también del Consejo de Participación Indígena, Juan Carlos Sotelo como dirigente de la comunidad Qom, Raúl Rodríguez como miembro del Comité contra la Tortura y Claudia González, diputada electa y actual presidente de la Asociación Comunitaria del Barrio Toba, quienes solicitaron “que no se levante la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta tanto no se dé solución definitiva al problema de alimentación, salud y agua” de los pueblos originarios de la Provincia.
A ellos se sumó una presentación del Centro Mandela DD. HH., donde manifestaban su oposición al gobierno de Chaco “que pretende el cese de la medida cautelar dictada por la CSJN” y un informe de la Mesa Provincial de la Federación Nacional Campesina, el Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en Lucha y la Corriente Clasista Combativa, quienes también manifestaron su “preocupación y oposición, dado que el gobierno provincial informó públicamente que el 15 de octubre realizará gestiones ante la CSJN para que se levante la medida cautelar”.
La respuesta llegó a través de la nota N° 4046 de la Fiscalía de Estado de Chaco, con fecha del 19 de octubre, donde el fiscal Jorge Alcántara sólo indica que el organismo a su cargo “efectuará la presentación del informe que sistemáticamente se realiza ante la CSJN, a fines del mes en curso”. A esto agrega que se requerirá asimismo “una constatación judicial” del informe “con la presencia de todas las partes”, que incluye al defensor del Pueblo de la Nación, al defensor del Pueblo de Chaco, al propio fiscal de Estado y representantes del gobierno provincial y de la CSJN.
