Organizaciones sociales reclaman una inmediata investigación y el procesamiento de los responsables.
Mediante un conumicado de prensa, la Mesa Provincial contra la Violencia Institucional, integrada por organizaciones civiles ligadas al kirchnerismo, manifestó su repudio ante la muerte del militante social Ángel Verón, al tiempo que exigió a la Justicia "la inmediata investigación de los hechos y el procesamiento a todos los policías, jefes policiales y responsables políticos y judiciales involucrados en el procedimiento".
"Hoy estamos expresando nuestro más profundo dolor y el enérgico repudio frente a la muerte del militante social del MTD No al desalojo, Ángel Verón, luego de que permaneciera internado por una feroz golpiza por parte de la policía que intervino en la represión de la protesta que desarrollaban en intercepción de ruta 11 km 997 en reclamo de trabajo y viviendas, el pasado 24 de septiembre", manifestó la organización integrada por Justicia Legítima Nordeste; Asociación Pensamiento Penal; MTD Emerenciano; Mujeres al Frente; MTL Chaco; MTD Zona Norte; Movimiento Evita; Frente Grande; Peronismo Militante; APDH Chaco; Ex Detenidos Políticos; Identidades Diversdas Chaco; Comité Provincial Contra la Tortura y el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).
En ese sentido, exigieron a la Justicia "la inmediata investigación de los hechos y el procesamiento a todos los policías, jefes policiales y responsables políticos y judiciales involucrados en el procedimiento; y a las autoridades provinciales la inmediata separación del cargo de los mismos y la sustanciación de las acciones administrativas correspondientes".
"Entendemos que garantizar en todas las instancias una investigación eficiente e imparcial es crucial para nuestro sistema democrático. Son responsables tanto el Poder Judicial como el Ejecutivo en lograr las mismas". sostuvieron.
Asimismo, subrayaron que "hace poco más de un mes, desde la Mesa Provincial de la Campaña contra la Violencia Institucional, expresábamos la profunda preocupación por el recrudecimiento de la violencia institucional en nuestra provincia, e instábamos a las autoridades provinciales y judiciales a que agotaran las acciones legales y políticas para terminar con prácticas de instituciones del Estado que lesionan los derechos humanos y debilitan la vida en democracia".
"Lamentablemente nuestra provincia aún no ha puesto en marcha el organismo de investigación y control interno que garantice esta investigación. Cabe recordar que hace tres años se sancionó la Ley N|6976 de seguridad democrática y nunca se designaron las personas idóneas para realizar esta tarea. Estas instituciones de control y prevención de hechos violentos cometidos por fuerzas de seguridad son una obligación que el Estado chaqueño debe cumplir en virtud de la condena en la Causa Greco", agregaron.
"Estamos convencidos que en un Estado de Derecho, el conflicto social se resuelve con más inclusión, más Justicia, más Democracia. El accionar contrario es funcional a los sectores de derecha que sistemáticamente operan para que nuestra sociedad retroceda en las conquistas que con tanto esfuerzo los sectores populares y las políticas públicas de los últimos años han consagrado como Derechos", concluyeron.
