La concejal incurrió en falta al negar información sobre el estudio de costos del transporte.
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas determinó proteger el acceso a la información pública de los ciudadanos de Resistencia al resolver que la arquitecta Alicia Ogara, en su rol de concejal y presidente de la Comisión Mixta de Transporte de la capital chaqueña, incurrió en una “falta grave” por denegar expresa e injustificadamente la información requerida por el Instituto del Defensor del Pueblo, sobre el estudio de costos del transporte público de la ciudad en el año 2014.
La legisladora fue sancionada junto a Silvia Orrego, una empleada de la Dirección de Asesoría Letrada del municipio, por vulnerar el artículo 8 de la Ley N° 6431 sobre el “Acceso a la información pública”, al no contestar la nota N° 228/14, en la que el secretario Legal y Técnico N° 1 de la Defensoría del Pueblo, solicitó a la Comisión Mixta de Transporte de Resistencia una copia de los tres estudios de costos que se gestionaron ante esa institución, con la documental respaldatoria y estudios relativos al aumento de la tarifa del transporte público de pasajeros.
En el caso en cuestión, después de negar durante meses la información requerida a través de la Dirección de Asesoría Letrada, Ogara respondió que el municipio contestó con posterioridad al defensor, entregando el estudio a través del secretario de gobierno municipal, Sergio Almirón.
Frente a esta situación, la Fiscalía entiende que la presentación aconteció a más de setenta días de que se formule la queja por obstrucción del acceso a la información pública y destaca que el artículo 12 de la Ley N° 4.190 indica que “todo aquel que obstaculice las tareas del Defensor del Pueblo, demorase injustificadamente o no le brindare información, documentación o colaboración urgente y completa, incurrirá en desobediencia administrativa”.
La sanción
Al analizar los motivos expuestos en el expediente, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas resolvió “imponer por la falta cometida la sanción disciplinaria de apercibimiento para la abogada Silvia Orrego según lo determina el artículo 81 del Estatuto del Personal Municipal de Resistencia a través de la ordenanza N° 1719/90 y la sanción de astreintes, equivalente a un salario mínimo, vital y móvil a la arquitecta Alicia Ogara, concejal y por entonces presidenta de Comisión Mixta de Transporte, en virtud del artículo 123 de la Carta Orgánica Municipal”.
El fallo también indica que la intendente de Resistencia, Aida Ayala, y el presidente del Concejo, Eduardo Siri, deberán instrumentar la aplicación de la sanción que legalmente corresponde e informar sobre esto a la Fiscalía para su registro.
