La jueza Eloísa Barreto hizo lugar a la medida cautelar interpuesta por miembros de la Comisión Directiva desplazados.
Como interventor judicial fue designado el contador Mario Roberto Carballa, que deberá cumplir con dos funciones centrales: dar cumplimiento con las resoluciones judiciales que no fueron acatadas por el secretario general José Niz, y llevar adelante la Asamblea General Ordinaria “con cumplimiento de las disposiciones legales estatutarias existentes”.
Por medio de la resolución dictada este martes 13 de octubre de 2015, a la que tuvo acceso DATACHACO.COM, la jueza en lo Civil y Comercial N°1 de Resistencia, Eloísa Araceli Barreto determinó “decretar la intervención judicial de la asociación sindical denominada Unión del Personal Civil de la Provincia del Chaco, en los límites y modalidades dispuestos por los argumentos esgrimidos en los considerandos”.
Asimismo, designó “administrador judicial al Cr. Mario Roberto Carballa, quien deberá comparecer a aceptar el cargo en forma legal, dentro del tercer día de notificada la presente”.
En el tercer punto de la parte resolutiva del fallo, la jueza definió que “dicha intervención judicial se prolongará por el período comprendido entre la efectiva puesta en posesión del cargo del designado y hasta el cumplimiento de los fines para los cuales se ordena la presente”.
En ese sentido, Barreto estableció que la intervención tendrá como objeto realizar los actos necesarios a los fines de: 1) dar cumplimiento con las resoluciones judiciales dictadas en los autos precintados, y 2) la Asamblea General Ordinaria a celebrarse se lleve a cabo con cumplimiento de las disposiciones legales estatutarias existentes”.
Entre los considerandos, la magistrada sostuvo que "de las documentales aportadas encuentro la exixtencia de diferencias internas en el seno mismo de la asociación y continuos incumplimientos a las órdenes judiciales por parte de la Comisión Directiva de la UPCP, la tenaz contumasia a acatar las disposiciones".
"En virtud de edllo, considero viable la medida peticionada, toda vez que los conflictos suscitados impiden el desenvolvimiento regular de la asociación y por medio de la misma se pretende garantizar el ejercicio regular de los principios y derechos comprometidos", agregó.
El caso
La medida cautelar dictada por la jueza Barreto surgió a partir del incumplimiento por parte de la Comisión Directiva de la UPCP encabezada por José Nz de una serie de medidas cautelares y resoluciones judiciales, que ordenaban la restitución en sus cargos a Ángela Alegre y Rubén Cantero, que habían sido desplazados irregularmente de sus cargos en UPCP junto a otros ocho miembros de la Comisión Directiva del gremio.
Esas medidas incumplidas por Niz datan del año 2013.
Esta intervención llega ahora a pocos días de la asamblea convocada para este viernes que debe aprobar la Memoria y el Balance, y también definir la conformación de la Junta Electoral y el correspondiente cronograma con miras a las elecciones gremiales de este año.
