El defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, realizó una queja por la mala calidad del servicio en 2013. Aún no hay respuestas.
La Defensoría del Pueblo viene reclamando hace dos años mejoras en el servicio de telefonía celular en la provincia sin que exista por el momento una sentencia sobre el amparo presentado ante el Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, en contra de las empresas Telecom Personal, AMX (Claro) y Movistar.
Sin embargo, tras la insistencia y varios surgimientos, se logró acceder a una reunión de conciliación, donde se esperaba conocer el plan de gestión de los proveedores del servicio de telefonía, quienes finalmente pidieron más tiempo para realizar esta presentación.
El Plan de Gestión de las empresas es sólo uno de los puntos por los que reclama la Defensoría del Pueblo. Además, se pide que en distintas localidades de Chaco se instalen oficinas oficiales que sean atendidas por personas y no por contestadores telefónicos, respondiendo de esta manera a una de las quejas de los usuarios del interior que lamentan encontrar, muchas veces como única respuesta, una comunicación con un operador de call center externo que funciona como Centro de Atención al Cliente, donde en varias oportunidades no consiguen soluciones a los problemas planteados.
El eje del amparo presentado por el defensor Gustavo Corregido, se basa en solicitar al Poder Judicial que ordene la prestación de un servicio de calidad óptimo y necesario en las bandas GSM, 2G y 3G, conforme la reglamentación vigente y los avisos publicitarios que se difunden. Sin embargo, tras un largo período, la causa no tuvo un avance significativo y siguen creciendo las quejas de los usuarios. “La Justicia es la máxima expresión de garantía de nuestros derechos y sólo a través de ella podemos ejercerlos, por eso esperamos que se dé mayor celeridad a este amparo”, indicó el ombudsman.
Desde el 2013 a la fecha
En ese contexto, recordó que el amparo fue presentado durante el año 2013 junto a una medida cautelar que fue rechazada por el juez Federal, Carlos Skidelsky, donde se denunciaba que la situación de “sobremasificación de terminales en uso simultáneo generó que el servicio se preste en forma deficiente, de mala calidad, que persiste tanto en el orden provincial como en el orden nacional”. En esa diligencia preliminar que la Justicia no hizo lugar, Corregido había solicitado que “se suspenda la venta y activación de nuevas líneas hasta tanto mejore el servicio”.
