Vecinos "indignados" de Bariloche intentaron romper el diálogo del Gobierno con las comunidades con cortes de ruta y ataques a piedrazos hacia la policía que defendía a los originarios,
Con dos conflictos en torno a la problemática de tierras, tanto en Bariloche como en El Bolsón, Río Negro suma un frente al mayor problema que tiene la provincia: la pandemia. Sin embargo, la protesta de vecinos indignados, convocada como “un banderazo patriótico” contra la comunidad mapuche que habita a orillas del Lago Mascardi, intentó en la tarde del sábado romper el diálogo que lleva adelante el Ministerio de Seguridad de la Nación con las comunidades de pueblos originarios. Y allí, donde murió asesinado Rafael Nahuel en 2017, se realizaron los cortes de ruta con un nítido perfil anticuarentena.
“Porque criminalizar es más fácil que dialogar”, dicen desde las organizaciones ante el episodio que escala en torno a un reclamo ancestral: las tierras. “El conflicto tiene que ver con las tierras” sostiene Orlando Carriqueo, desde el Parlamento Mapuche Tehuelche, pero distingue esta protesta “como claramente desestabilizadora”. Algo que unificó las decisiones de línea nacional y provincial en un solo gesto: prevenir la violencia.
Desde las comunidades se tomó nota de la convocatoria. El Parlamento denunció ante el Instituto de Asuntos Indígenas (INADI) al diario El Cordillerano por utilizar términos racistas al referirse a jóvenes mapuche. “Y promover la protesta en Villa Mascardi, en tiempo de asilamiento, portando armas o cualquier elemento cortante”, puntualizo Carriqueo a Página/12. En tanto, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal por la posible comisión de delitos ante el riesgo de que el banderazo derivara en enfrentamiento.
“Es un conflicto de fondo porque el problema de la propiedad de la tierra es estructural” confirma Gabriel Fuks, a cargo de la articulación con las comunidades desde Seguridad. En Mascardi los vecinos cortaron la ruta para expresar su posición contra los jóvenes de la comunidad Lafken Huincul Mapu. La protesta implicaba una caravana. Incluso el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, promovió que desde su ciudad se viaje, en caravana, para participar de la protesta.
En eco, se puede leer la reacción sobre otro hecho: 130 familias ocuparon un predio del INTA en El Bolsón esta semana. Pero a contramano de lo previsto, en lugar de enviar una caravana antiderechos a Mascardi, El Bolsón ayer recibía a efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Los enviaba Seguridad para proteger a las personas involucradas en el proceso de toma. “Y ya nos apedrearon una camioneta”, contó un funcionario a Página/12, en terreno, mientras las fuerzas transitaban la comarca andina.
A Bariloche llegó también la gobernadora Arabela Carreras. A poner paños fríos. “La violencia no es forma de resolver conflictos” dijo. “Pero se avala a la policía que azuza a los pobladores mapuche” reclaman las organizaciones ya que, hasta esta jornada, la policía ha tomado partido contra una de las partes, la que los medios presentan como la parte violenta: la comunidad Lafken Huincul Mapu. “Esta visión está lejos de reconocer el genocidio y permitir la construcción de una sociedad más justa”, apunta Carriqueo.
El conflicto por la recuperación de tierras frente al Mascardi escaló con el desembarco las fuerzas de seguridad que mataron a Rafael Nahuel. Desde entonces, todos los actos que ocurren, sean incendios a cabañas o piedrazos a “gente que pasa”, se adjudica a los jóvenes de la comunidad, de antemano. Sin peritaje, sin que medie una investigación, sostienen en la zona.
“Y los medios le otorgan a esta ocupación una visibilidad que no permite ver otros conflictos al interior del territorio” analiza la historiadora Pilar Pérez, que dirige desde el Conicet, en Bariloche, el equipo de investigación sobre Territorios y Alteridades en Nor Patagonia. Con ellos, entre otros grupos de abordaje territorial, trabajará el ministerio dirigido por Sabina Frederic, desde la “Mesa de resolución alternativa de conflictos”, creada por el Consejo de Seguridad Interior en febrero de este año.
“Estamos reactivando el Relevamiento de Tierras para Pueblos Originarios que se dejó de hacer en los últimos cuatro años”, afirma Fuks, mientras monitorea el desarrollo de la jornada. Porque el eje es la tierra. Y la propuesta permite recuperar iniciativa en un tema conflictivo y desdibujado por las violencias cotidianas, esas que relegan al poblador mapuche tras el interés de los grupos concentrados, tanto en el poder de los medios, como en la propiedad de los campos.
