Después de cinco años trabajando en la Procuración General de la Nación, más específicamente en Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia (ATAJO), la italiana Rosa María Dettori pidió cobrar la bonificación por título universitario y se comprobó que la documentación que presentó tenía irregularidades.

Para hacer el trámite presentó la documentación ante la Secretaría Disciplinaria y Técnica y de Recursos Humanos de la Procuración General de la Nación, donde se detectaron las irregularidades. Dettori reclamaba su bonificación porque la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional de Nordeste (UNNE) le había revalidado su título italiano, durante la gestión anterior.

Según detalló Infobae, a través de una búsqueda en internet habían hallado varias denuncias por el otorgamiento de títulos “truchos” de aquella universidad. Desde la UNNE, aseguraron a EL LIBERTADOR que tienen conocimiento del caso y están pendientes, tanto el Rectorado, como la Facultad de Derecho.

A los encargados de la investigación también les llamó la atención que la elegida para revalidar el título italiano fuera una universidad alejada geográficamente del lugar de trabajo de Dettori. Eduardo Casal, a cargo interinamente de la Procuración General de la Nación, explicó que la Secretaría de Coordinación Institucional de la Procuración, a través del Convenio de Cooperación Institucional con la Guardia di Finanza de Italia, consiguió una información relevante para el caso: Dettori no se había recibido de abogada.

En la documentación aportada para pedir el beneficio, se adjuntó la copia de dos diplomas distintos emitidos por la Facoltá de Giurisprudenza de la Universitá de Sassari (Cerdeña) a nombre de Dettori. En ambos se consignaba como fecha de emisión del diploma el 20 de julio de 1998/1999. El apostillado –la certificación de firma en el exterior- de ambos diplomas tenía la misma fecha y el mismo número.

A partir de lo determinado inicialmente Casal ordenó la realización de un sumario interno en la Procuración y envió su resolución a la fiscalía de la Cámara Federal porteña para que se iniciara una investigación penal. El por entonces fiscal Germán Moldes (renunció en septiembre de 2019) hizo la denuncia que le tocó al juez Julián Ercolini con la intervención de la fiscal Alejandra Mángano.

En febrero de 2022 Ercolini procesó a Dettori por el delito de “uso de documentación material e ideológicamente falsa, en concurso ideal con defraudación contra la administración pública en grado de tentativa”.