Jorge Enrique González Nievas dijo que quedó "un poquito shockeado" al conocer la decisión judicial y calificó de "mamarracho" el fallo que lo condenó. "A veces uno pierde las esperanzas y no pensaba que este momento podía llegar", agregó.


La Corte Suprema absolvió a un hombre que hace casi 14 años está preso por el crimen de una mujer en una salidera bancaria, ocurrido en Merlo. En el fallo, la Corte cuestionó al tribunal que lo condenó, a los camaristas que confirmaron la sentencia y a los policías que lo investigaron, muchos de los cuales están presos por inventar causas, informaron fuentes judiciales.

Jorge Enrique González Nieva, de 55 años, en 2010 había sido condenado a 25 años de prisión por el robo seguido de muerte de Analía Bibiana Aguerre, de 43, mediante una sentencia que desde 2015 permaneció en estudio del máximo tribunal y por la cual la organización Amnistía Internacional (AI) reclamaba su libertad.


González Nievas dijo que quedó "un poquito shockeado" por la decisión judicial y calificó de "mamarracho" el fallo que lo condenó. "A veces uno pierde las esperanzas y no pensaba que este momento podía llegar", dijo el hombre recién absuelto. Desde la condena, Nievas pasó por al menos 9 cárceles de la provincia de Buenos Aires; desde el 3 de octubre cumplía arresto domiciliario y estaba monitoreado con una tobillera electrónica. Fueron años "encerrado en un penal con un muro de seis o siete metros de alto y no veía el exterior", contó.

La Corte Suprema entendió que el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Morón que lo condenó, se dictó desconociendo "las garantías constitucionales de debido proceso, defensa en juicio y de presunción de inocencia". Esas falencias, consideró también, no fueron atendidas por la Sala II del Tribunal de Casación Penal ni por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires al confirmarla.

Los jueces consideraron que fue "alarmante" la existencia de "serias irregularidades" en la investigación policial. En el fallo absolutorio, recordaron que González Nieva, que vive en Merlo, declaró ante los jueces que lo condenaron que el policía que lideró la investigación le había exigido que le entregara su taxi como coima y que su negativa había contribuido a mantenerlo imputado y detenido.