Remarcó que la jefatura recién procedió a separar de la fuerza al acusado, a raíz de la marcha del jueves hasta la unidad regional de Ituzaingó.
“Luego de la marcha del jueves hasta la Unidad Regional VI de Ituzaingó, las autoridades policiales hicieron en 24 horas lo que tenían que haber hecho varios meses antes. Una vez recibida la denuncia de abuso tendrían que haber llamado a declarar a mi clientes como primera medida”. La frase corresponde al abogado de la cabo Liliana Insaurralde, quien denunció al comisario Sergio Sánchez por abuso.
En contacto con NORTE de Corrientes, el letrado Eduardo Etchegaray manifestó que la denuncia formal la hicieron el viernes 30 de junio en el Juzgado de Instrucción de Ituzaingó. Si bien el hecho ocurrió en abril del 2016, y la damnificada se presentó para hacer la denuncia, lo que se había hecho era una actuación en el Juzgado de Familia de esa ciudad, que caratuló la causa como “abuso sexual” y pasó automáticamente a la Justicia Penal. “En ese momento la engañaron, porque ella pensaba que tenía la denuncia pero no se siguieron los pasos legales. Para hacer una denuncia por delito de instancia privada, vos tenés que tener primero el testimonio de la víctima, y no le tomaron declaración”.
Por otro lado, en la mañana de ayer la suboficial Liliana Insaurralde fue examinada por un perito, el cual la encontró apta para declarar y a las pocas horas la Justicia le pudo tomar declaración.
El comisario mayor Guillermo Patricio Aguirre, jefe de la Unidad Regional VI, informó el jueves a la mañana que en paralelo a la causa judicial se está instruyendo un sumario administrativo que podría derivar en el apartamiento definitivo de la fuerza, del comisario sospechado. El funcionario detalló que el acusado estuvo a cargo de la Comisaría de Villa Olivari hasta que se tomó conocimiento de la denuncia realizada en el Juzgado de Instrucción de Ituzaingó, y para no entorpecer la acción de la Justicia se determinó su pase a la Unidad Regional VI y luego a la Unidad Regional I de San Luis del Palmar, para luego pasar a pasividad el jueves pasado.
Además, la damnificada, quien tiene un niño pequeño, manifestó a medios locales que desde que ingresó a la fuerza policial, cuando tenía 19 años, sufrió acoso sexual por parte del acusado durante cuatro años. Pero que en el año 2016 se produjo el abuso sexual. También dijo que tiene la intención de volver a trabajar en la fuerza, luego de superado su tratamiento psicológico a causa del abuso.
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El incumplimiento de los protocolos que resguardan los derechos de la mujer tuvo como consecuencia la desatención del aviso de Adriana Cordové, de 22 años, asesinada en Ituzaingó, quien advirtió sobre los episodios violentos en sede policial. Pero la falta de socorro derivó en que el hombre la matara días después de que ella hiciera la advertencia. La Policía debería iniciar una causa judicial de inmediato luego de enterarse de un hecho de violencia o sobre abusos sexuales, dándole inmediata contención a la víctima. En el caso de la cabo de la Comisaría de Villa Olivari (ver nota central), ella se presentó en la sede judicial de Ituzaingó, donde le iniciaron una actuación en el Juzgado de Familia, lo que no corresponde. Norte