En la siesta de este jueves, finalmente quedó suspendido por treinta días el desalojo de los vecinos del barrio 17 de Agosto por un acuerdo al que arribaron las vecinos, la Red de DDHH, el abogado Hermindo González y el propietario, para que siete familias puedan ser reubicadas. Pese a la orden judicial, ninguna institución de la provincia se acercó.

 

Otro punto del acuerdo, es que quienes habitan las viviendas que deberán desalojar, lo harán por sus propios medios sin necesidad de que ocurra un desalojo judicial.

 

La parte judicial estuvo presente con los oficiales de Justicia, la asesora de menores, quienes labraron las actas correspondientes.

 

Como ya informara momarandu.com, los oficiales de Justicia encontraron irregularidades en el mandamiento de desalojo, puesto que la orden indicaba a determinadas personas, pero en cada una de las casas donde vivía había muchas más personas. En total son siete las familias que deberán desalojar las viviendas.

 



 

Ante esta situación, el propietario, Alberto Salis, advirtió que, aunque se produjera el desalojo de las personas indicadas por la Justicia, igualmente iba a seguir habiendo personas que ocuparan el predio, puesto que no estaban nombradas por la Justicia y no tenían orden de desalojo. A partir de allí, se pudo arribar a un acuerdo.

 

Se señala que, pese a que la propia Justicia ordena al estado provincial – 30 de septiembre, CT 54021; Juzgado Civil y Comercial Nº 3 a cargo de la jueza María Eugenia Herrero- que “adopte y ejecute medidas que otorguen un refugio al grupo familiar ante el inminente desalojo”, ningún organismo del Estado se hizo presente. Entre las personas que deben dejar las viviendas se encuentran niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, y personas discapacitadas.

 

 

CRÓNICA ANTERIOR 2

 



Hace más de treinta años que varias familias viven en un predio del barrio 17 de Agosto de la capital correntina. Hace unas horas, les informaron que, esta mañana, serían desalojadas. Oficiales de Justicia corroboraron irregularidades entre el mandamiento, la orden de desalojo, y lo que se sucede, actualmente, en el lugar. Se espera resolución judicial respecto.

 

Se hicieron presentes en el barrio, los oficiales de Justicia, la Policía, la martillera de los propietarios, y los propietarios.

 

Oficiales de Justicia corroboraron irregularidades entre el mandamiento, la orden de desalojo, y lo que se sucede, actualmente, en el lugar: no todas las personas nombradas en el mandamiento judicial, se encuentran en el barrio porque varió la conformación de la población ocupante.

 

Otra irregularidad: imprecisiones en el domicilio, actualmente, hay varias viviendas y cada vivienda tiene independencia, son varias viviendas. Es decir que si el desalojo es para una propiedad sola –el número 1679-, hay muchas otras denominaciones y en cada vivienda hay una familia.

 

En ese sentido, ahora los vecinos esperan que la Justicia resuelva qué va a pasar. No se presentaron, aún, organismos del Estado provincial.

 

SITUACIÓN CON EL COPNAF

 

El Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia –COPNAF- se hizo presente, solamente, para hacer una verificación de los niños, no de los adultos. Verificación que, contaron a momarandu.com, se había pedido hace tiempo y que se realizó, prácticamente, con la orden de desalojo.

 



CRÓNICA ANTERIOR 1

 



Hace más de treinta años que varias familias viven en un predio del barrio 17 de Agosto de la capital correntina. Hace unas horas, les informaron que, esta mañana, serían desalojadas. La justicia falló a favor del dueño, pero la justicia también ordenó que el Estado provincial encontrara una solución para quienes viven allí. Hasta el momento, sólo el camión de desalojo y el dueño se han hecho presentes.

 

La ubicación exacta es Alejandro Dumas 1679 del barrio 17 de Agosto de la capital correntina. Allí hay gente que vive hace más de treinta años. Hay casas de material, muy humildes.

 

“Hay algunas personas que tienen donde irse y aceptaron que se van a ir”, señala González, y refiere que los desalojados por la justicia son “doce personas” de las cuales “cinco” se encuentran en extreman vulnerabilidad. Pese a que la orden judicial habla de “doce personas”, en el lugar se puede constatar que viven “más de cuarenta personas”, porque, señala el abogado a momarandu.com, “se ve que se tomó la cabeza de familia únicamente al momento de contar”. En el barrio hay niños y una mujer embarazada, además, lo más grave, es que hay cinco personas en extrema vulnerabilidad.

 

La propia sentencia judicial ordena al Estado provincial (COPNAF, Municipalidad de Corrientes, Ministerio de Desarrollo Social) que a partir de dictada la sentencia, articule los mecanismos para dar respuesta a estas familias que van a quedar en la calle. “Ayer vino alguien en una moto para avisarles que se iba a hacer el desalojo, nunca se articuló nada en todo este tiempo desde el dictado de la sentencia hasta hoy”, dice el doctor Hermindo González a momarandu.com.

 

También explica cómo él se enteró del caso: “Yo me encontré con este tema ayer –miércoles- a las siete de la mañana cuando estuvieron todos frente al estudio para ver qué se podía hacer”.

 

Consultado por momarandu.com sobre si los habitantes de este predio, varios con más de treinta años de estar instalados en este lugar, contaban con derechos adquiridos, González contó: “Debieron ser ejercidos en el expediente judicial donde, evidentemente, no tuvieron un buen acompañamiento. Eso propició de que se avance, se consienta, queden firmes las sentencias, las resoluciones y así llegamos a esta instancia. Obviamente que debieron accionar para proteger sus derechos de hace mucho tiempo, pero nada de eso se ha hecho…es lamentable”

 

El Dr. Hermindo González junto a la Red de DDHH, esta mañana de jueves, están intentando arribar a un acuerdo con el dueño del predio, Alberto Salis: pretenden ganar tiempo mientras esperan que se haga presente el Estado, lo que está ordenado por la Justicia, pero hasta el momento, nadie ha arribado.