El final de la feria judicial puede deparar al gobernador la noticia más dura de todo el proceso que viene degradándose desde su asunción hasta esos días. Un requerimiento fiscal que podría involucrar a Oscar Domingo Peppo habilitaría inmediatamente el debate sobre el futuro político del primer mandatario y sobre el desbarrancamiento del Frente Chaco Merece Más que logró el poder en 2007.

 

Instaría además la necesidad de una estrategia comunicacional y de acción, un terreno en el que el gobierno defecciona no sólo desde la ausencia del principal asesor de Peppo, el detenido Horacio Rey, incluso de antes, cuando la propia gestión provincial consumía su propio relato y lo pensaba atado a la realidad.

 

Peppo ya había ensayado una vez críticas a las investigaciones que lleva a cabo en la Justicia Federal. Fue en uno de los allanamientos a la sede del Instituto de Viviendas. Una especie premonición de algo que no se concretaría sino hasta ahora.

 

Fue cuando llevó al presidente Mauricio Macri la denuncia de que un sector de Cambiemos en la provincia estaba motorizando una investigación en su contra. La reunión fue en abril en Puerto Iguazú.

 

Y allí desplegó su idea de que la persecución en su contra comenzó con una denuncia radicada un año antes en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

 

Evidentemente, está al tanto de lo que se trata, según el propio gobernador, por esa investigación “no se hizo un trámite, la FIA no pidió ningún tipo de informe durante el año al IPDUV u otros organismos, si no se basa en denuncias e informes técnicos con un fuerte componente político, porque quien hace la denuncia es una diputada radical con un fiscal que tiene orientación en ese sentido, y que después de pasado un año se decide enviar a la Justicia Federal”.

 

Después de eso, la “cuestión Echezarreta” terminó orientando la atención de todos y de todo. Hasta ahora.

 

En el medio, un acuerdo político peronista-radical buscó modificar la conducción de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas designando un fiscal y una adjunta “provisorios”. ¿Será el resultado surgido tras la reunión con el presidente? Y luego diputados del PJ denunciaron al único fiscal adjunto, Dugaldo Ferreyra, precisamente por la investigación que señalaba Peppo.

 

Sin embargo, desde abril hasta ahora la Argentina fue sacudida por una “tormenta” al decir del presidente de la Nación. Si el oficialismo provincial esperaba salvar las cuestiones judiciales con acciones de gobierno hoy debiera estar más desesperado que entonces.

 

De producirse el requerimiento, a la par, terminaría confirmando esa sensación que sobrevuela la inquietud del ciudadano común. ¿Es posible que funcionarios de los más allegados al gobernador estén investigados por hechos de corrupción y el propio primer mandatario no tenga nada que ver?

 

El nuevo escenario plantea nuevas incógnitas ¿cuál será la reacción del gobernador si finalmente se confirma que una investigación en su contra se abre en la Justicia Federal? Obviamente todavía debe correr agua debajo del puente. Pero a la delicadísima situación financiera de la provincia esta nueva circunstancia vendría a colocarle un agravante.

 

Ni pensar si el nivel de la acusación que se trate motive un “pedido de desafuero”, que ahora se sabe, sólo procede por vía del juicio político. El peronismo casi entra en un cisma por el ministro de Infraestructura, Fabián Echezarreta. ¿Hasta dónde llegará ahora?

 

Sin dar precisiones, el fiscal Patricio Sabadini, dio a entender a una radio de Corrientes que el denominado Lavado III se presentaría después de la feria de invierno. Esta que empieza es la última semana, antes incluso de que termine julio se retoma la actividad.

 

Por otro lado, el gobierno chaqueño logró atravesar con suerte el radar de los medios nacionales. ¿Será lo mismo si esta vez el imputado es el gobernador? Por lo menos Rolando Graña de GPS que se emite por A24 tiene material recopilado. ¿Será el momento de que aparezca?

 

Para peor, la situación de la gobernadora María Eugenia Vidal y el caso de los aportes truchos ha revelado otras cosas además del financiamiento ilegal de la campaña del PRO en territorio bonaerense. Que los medios que blindan al macrismo están buscando un escándalo en territorio del PJ o para igualar el escándalo de las elecciones de 2017 o en todo caso para taparlo.



Nada de esto sin embargo detendrá además el ajuste que la Nación viene imponiendo y el gobierno provincial viene aceptando prácticamente sin condiciones. Un mapa de recortes de todo el territorio nacional publicado por Clarín revela que la provincia del Chaco es la mayor obligada después de los principales distritos, CABA, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

 

En el caso del Chaco el recorte exigido es de 4.500 millones de pesos. Eso sumado a los 4 mil millones en créditos que la provincia tiene autorizado para atender el déficit del presupuesto 2017 que nunca se pudieron colocar y que el presupuesto de este año tiene un déficit previsto de más de 4 mil millones de pesos, superan los 12 mil millones. Es casi un 20 por ciento del presupuesto actual.

 

Cristian Ocampo participó de las reuniones con Nicolás Dujovne en donde se dieron a conocer las malas nuevas. El ajuste que la Nación le pide a las provincias pasa por liquidar fondos que eran coparticipables o transferirle responsabilidades federales a los distritos.

 

El pedido del Fondo Monetario Internacional incluye la eliminación del Fondo Federal Solidario (compuesto por el 30% de la recaudación efectiva por retenciones a la soja) para proyectos de infraestructura; el Fondo Nacional de Incentivo Docente; el Fondo Nacional de Vivienda; la quita de financiamiento a las cajas previsionales no transferidas; la postergación de obras que financiaba la Casa Rosada o un porcentaje a cargo de la provincia.

 

El gobierno chaqueño busca instalar que promueve un tope a las jubilaciones. Fue después de que TN se encargara del caso de la jubilación del ex diputado y ex director del Banco del Chaco, Oscar Mate Raffin, sin embargo, prefiere no acordarse de que en 2016 el propio Peppo promulgó la Ley 7820 que eliminaba esos topes junto al entonces ministro de Gobierno, Juan José Bergia y que el proyecto correspondió al diputado Hugo Ságer, uno de los pocos legisladores que viene pidiendo la reelección del gobernador.



José Niz de UPCP y Rosa Petrovich de ATECH se oponían al proyecto en aquel entonces y denunciaban que la ley favorecía a los que hoy gozan de un beneficio previsional pero que en su vida laboral activa pertenecieron a las cúpulas de los tres poderes del Estado provincial, a las conducciones de los organismos autárquicos y de seguridad y del Nuevo Banco del Chaco, como así también a diputados, senadores y funcionarios nacionales beneficiados por el sistema de reciprocidad que no aportaron a la caja previsional provincial y sin transferencia alguna de fondos.

 

En aquella época también pidieron la derogación de esa ley. Lo vuelven a hacer ahora. ¿Qué harán los diputados Bergia y Ságer si el Ejecutivo envía un proyecto en ese sentido?



Por último, la Federación Económica del Chaco le abrió las puertas a la aliada del presidente, Elisa Carrió, para denunciar que “a la buena intención del gobierno nacional que comprende la situación del sector” se le debe agregar una “baja a la presión tributaria. Algo se ha hecho con la Ley Pyme” dijo la entidad que preside Sergio López, pero demandaron que “debe haber un orden tributario porque Macri baja las retenciones, pero la provincia nos aumenta un 80 % de ingresos brutos y la Municipalidad nos cobra un peaje para entrar”.

 

Hegeliano, sino fuera puro pragmatismo político provincial.

 

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