El fiscal de Dolores secuestró documentos para determinar si fue modificado un expediente vinculado con las órdenes de vigilancia sobre los condenados por el triple crimen.

 

El  fiscal de Dolores secuestró las copias de todos los archivos de las computadoras del Juzgado de Ejecución Penal de Mercedes, que debía controlar el cumplimiento de las condenas de los tres sentenciados por el triple homicidio de la efedrina, para determinar si la magistrada Marcela Otermín adulteró una resolución en la causa que se instruye por la triple fuga del penal de General Alvear, ocurrida el 27 de diciembre de 2015.

 

En el expediente que impulsa el fiscal de Dolores, Diego Bensi figuran dos versiones de una misma resolución del 5 de agosto de 2015, firmadas por la jueza. Dicha resolución ordenó el alojamiento de Martín Eduardo Lanatta en el pabellón destinado a los efectivos de fuerzas seguridad, para resguardar la integridad física del condenado.



Lanatta había pedido que lo aislarán del resto de los internos para resguardar su integridad física debido a que días antes había realizado declaraciones sobre la supuesta complicidad de funcionarios del gobierno kirchnerista en el tráfico de efedrina. Esas declaraciones habían sido difundidas por el programa Periodismo Para Todos, de Jorge Lanata.

 

El condenado a prisión perpetua por los homicidios de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, pidió estar con su hermano Cristian y con Víctor Schillaci, los otros dos sentenciados porque afirmaba que entre los tres podrían protegerse mejor.



Según consta en el expediente, el 5 de agosto de 2015, la jueza le hizo saber a la jefa del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que "deberá alojar tanto al penado Lanatta Martín y a su hermano Cristian en el Pabellón 10 del Sector 1 de la unidad carcelaria N° 30 de General Alvear extremando las medidas de seguridad del caso, asegurándole al detenido los derechos que consagra la ley 12.256".

 

Tres días después de la cinematográfica fuga del penal de General Alvear, el fiscal de Azul, Cristian Citterio, a cargo de la investigación por dicha evasión, le pidió a la jueza Otermín que remita un informe sobre cómo había sido el cumplimiento de la pena de los tres condenados y para saber quién había fijado las condiciones de detención.

 

El informe incluyó copias del expediente N° 11084 del juzgado de Ejecución Penal N° 1, de Mercedes.

 

Entre la documentación que la jueza le mandó al fiscal Citterio para explicar su actuación en la causa Lanatta, figura una resolución, de una página, dictada el 5 de agosto de 2015, dirigida a la jefa del SPB en la que se dispuso que "deberá alojar tanto al penado Lanatta Martín y a su hermano Cristian en el pabellón 10 del sector 1 de la unidad carcelaria N° 30 de General Alvear extremando las medidas de seguridad del caso, con guardia armada permanente las 24 horas del día y monitoreo continúo con cámara de seguridad a la par de asegurarle al detenido los derechos que consagra la ley 12.256".

 

Esta última versión tiene tres líneas más que la original y la magistrada agregó la frase: "Con guardia armada permanente las 24 horas del día y monitoreo continúo con cámara de seguridad", algo no figuraba en la versión original y servía para remarcar que a partir de una orden suya se habían extremado las medidas de seguridad, que los responsables de la cárcel General Alvear y del SPB no habrían cumplido. De esta forma complicaba la situación de los guardiacárceles en la investigación iniciada para determinar las responsabilidades en la triple fuga.

 

Pero la supuesta adulteración quedó al descubierto cuando uno de los imputados en la causa por la triple fuga, César Albarracín, presentó en su descargo una copia del expediente original que le mandó la Defensoría oficial de Ejecución Penal del Departamento Judicial Mercedes. Esas copias se realizaron en septiembre de 2015, en el contexto del proceso en el que se controla el cumplimiento de las penas de los tres condenados. Consultada por LA NACION, la jueza Otermín evitó hacer declaraciones sobre el tema.

 

En espera del peritaje

 

A raíz de la presunta adulteración de la resolución, Albarracín presentó una denuncia contra la magistrada. Debido a que existe una resolución de la Procuración General ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense que estableció que ningún fiscal puede investigar a un funcionario del mismo departamento judicial, la causa fue radicada en Dolores.

 

En los últimos días, el representante de Ministerio Público concurrió al juzgado de Ejecución Penal de Mercedes y secuestró las copias de seguridad de todas las computadoras de ese tribunal. Además, fueron incorporados archivos de seguridad aportados por la Dirección de Informática de la Suprema Corte.

 

A pesar que pasaron dos semanas desde que el fiscal Bensi secuestró los archivos en el juzgado de Mercedes, todavía no se fijó la fecha para la realización del peritaje que tiene como objetivo establecer si la supuesta adulteración se hizo en ese juzgado y con qué clave usuario.

 

El escándalo de la triple fuga

 

El 27 de diciembre de 2015 se fugaron del penal de General Alvear tres de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez. Los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci fueron capturados dos semanas después en Santa Fe. Están condenados a prisión perpetua por los asesinatos de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, homicidios vinculados con el tráfico de efedrina.

 

El 5 de agosto de 2015 el juzgado de Ejecución Penal de Mercedes emitió una resolución para el traslado de Martín Lanatta a un pabellón compartido con su hermano Cristian y con Schillaci. En ese expediente no figura el pedido de medidas especiales de vigilancia sobre esos presos.

 

Tras la fuga, el juzgado remitió a los investigadores un expediente en el que aparece la solicitud de vigilancia con cámaras y guardias. Investigan una adulteración de documento.