El asesinato de Angel Verón nos revuelve las tripas. Un luchador social, asesinado por un reclamar los derechos más basicos: el trabajo y la vivienda. Una familia pobre devastada, con 10 hijos y una madre quebrados por el dolor y la pobreza. Un "Gobierno del pueblo" que responde a los reclamos populares con una andanada de balas, balas que se han avalanzado sobre docentes,  estatales, campesinos e indígenas, tanineros. De la misma policía que ahora, por medio de los golpes, se llevó la vida de Verón.
Pero los episodios que llevaron a la muerte de Verón son, si se quiere, mas graves. La represión que se cobró su vida se desató en la tarde del 24 de septiembre, pocos días después de las elecciones provinciales. El MTD "No al desalojo" había planificado una movilización y corte de ruta.

El reclamo inmediato fue la concreción de planes de vivienda prometidos antes de las elecciones. Pero la lucha venía de antes. El MTD fue desalojado de sus terrenos en Barranqueras, donde producían en chacras su sustento. Las organizaciones sociales vinculadas denuncian que los terrenos originales del MTD fueron a la madre del intedente de Puerto Vilelas, el Marcelo González.

La policía concentro con varios patrulleros de la Comisaría Cuarta y miembros del COE. Como resultado de la presión policial, los miembros de la organización se retiraron de la ruta. La represión se produjo luego de la retirada: no tuvo un objetivo preventivo frente a la medida de fuerza, sino un objetivo aleccionador y de amedrentamiento. Como, hace cinco años, actuó la patota de Pedraza terminando con la vida de Mariano Ferreyra.

La cacería humana que se desató terminó en la casa del propio Verón, a quien las fuerzas de seguridad buscaban por ser el dirigente del movimiento. Se trató de un caso de persecusión política dirigido especialmente contra la dirigencia de una organización popular. La casa de Verón fue ilegalmente allanada. Sus pertenencias fueron robadas y Verón fue golpeado salvajemente, abriendo la herida de una operación abdominal previa. La herida que luego le causó la muerte. Verón y su hermano fueron encarcelados, toda la noche.

La detención fue un verdadero secuestro. Sus compañeros y familiares debieron buscarlo por todas las dependencias policiales de Resistencia mientras no se informaba su paradero. Reapareció hospitalizado, esposado, encadenado a la cama. ¿El motivo? La policía se anticipó a las denuncias del caso y armó una causa contra Verón y otros miembros de la organización por haber atacado a las fuerzas de seguridad.

La denuncia es parte de un operativo de impunidad. La Jefatura de policía publicó, el día después de la represión, un comunicado en los diarios señalando que Verón se "auto inflingió" las heridas. Y defendiendo la hipótesis de un "enfrentamiento" entre manifestantes armados y las fuerzas de seguridad. Según abogados del caso, hay 16 testigos que presenciaron los hechos. La fiscalía, sin embargo, todavía no avanzó en la investigación. Los testigos, que viven en territorio de la comisaría cuarta, denunciaron, a través del abogado querellante, Marcelino Leiva, presiones policiales y aprietes para no declarar.

Existe un fuerte operativo de impunidad y encubrimiento en marcha, fogoneado por la propia policía. En la movilización luego de la represión, el Secretario de Seguridad, Marcelo Churín, aseguró que no salió de ellos la orden de reprimir. Una posición insostenible en un operativo de semejante envergadura en donde no solamente intervino la Comisaría Cuarta sino además el COE, un grupo especial para actuar frente a movilizaciones.

Churín se comprometió, en esa ocasión, a sumariar a los policías involucrados y separarlos del caso. No ha ocurrido. La comisaría cuarta es una verdadera guarida de torturadores. Revistan en la misma los agentes Gomez y De La Fuente. Los mismos fueron acusados de torturas (de haber empalado un joven y su golpeado a su hermana en 2011) y como respuesta, recibieron ascensos todos los años desde entonces. La comisaría cuarta protagonizó otros episodios represivos de importancia. Como ocurrió en todas las ocasiones anteriores, el aparato de Estado está en marcha para garantizar la impunidad.

Las responsabilidades del Gobierno de Capitanich saltan a la vista. Incluso familiares de Verón denunciaron que el Gobierno dio la orden de tratar de mantenerlo con vida hasta pasadas las elecciones presidenciales. El Gobierno de Capitanich envió una corona al velorio, que fue quemada por los presentes.

Reclamamos la renuncia del Ministro Oteo, el Secretario de Seguridad Churín y el juicio y castigo a todos los responsables políticos y materiales.

El asesinato de Verón no debe quedar impune. Está en juego el derecho a la lucha por los reclamos mas basicos: la tierra, la vivienda y el trabajo. Está en juego la libertad de organización para el pueblo chaqueño para exigir nuestros derechos. Está en juego quebrar la persistente impunidad con la que actúa la policía represora y torturadora del Chaco. "Si no te pueden comprar, te matan" resumió un dirigente piquetero del Chaco. Se tiene que terminar.

Por Juan García - Partido Obrero