La delegación Corrientes del INADI elevó su apoyo fundamentado a dos proyectos de leyes que se encuentran en tratamiento en la Honorable Cámara de Diputados de la provincia.

 

Se trata de la adhesión a la Ley Micaela con media sanción del Senado, proyecto del Senador Breard y el proyecto del diputado Meixner, que adhiere al “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” (ILE) elaborado por el entonces Ministerio de Salud de la Nación en 2016 como una versión revisada y actualizada de la “Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles” elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación en 2010, por intermedio del Programa de Salud Sexual y Reproductiva y Procreación Responsable.

 

La Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

 

El Instituto Nacional de las Mujeres es designado como autoridad de aplicación y se convoca a las provincias a adherir a la ley y a establecer su mecanismo de aplicación.

 

"La presente recomendación tiene como objeto eliminar las situaciones de discriminación hacia las mujeres y personas con capacidad de gestar en la práctica de los abortos legales y la atención postaborto, tanto en términos de evitar dilaciones que implica someter innecesariamente los casos a la justicia, como en relación a la prevención de la mortalidad de las mujeres a través de la correcta aplicación de la legislación vigente” refiere el organismo nacional en relación al proyecto de de adhesión a la Ley ILE (Interrupción legal del embarazo).

 

Oportunamente el INADI, a través de su delegada Leticia Gauna y equipo de trabajo, señaló la necesidad de aprobar otro proyecto de Ley, en este caso el Proyecto de Protección Integral a las Personas Trans elaborado por ATTTA (Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina), que cuenta además con el apoyo de otras organizaciones y en uno de los párrafos de su fundamentación señala: “La población trans padece en nuestra sociedad historias de constante menoscabo de derechos de raigambre constitucional, que lleva a las personas a una verdadera «muerte civil» sin lograr respeto por sus derechos.

 



 

Entre los derechos constitucionales vulnerados podemos enumerar: a la igualdad y no discriminación, a la dignidad personal, al trabajo, a la seguridad física, a la seguridad social, a la privacidad, a la salud integral, a una adecuada calidad de vida, al acceso a la educación, entre otros.”

 

El INADI tiene por objeto elaborar políticas nacionales para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo, impulsando y llevando a cabo políticas públicas federales y transversales articuladas con la sociedad civil, y orientadas a lograr una sociedad diversa e igualitaria, es por ello que además del acompañamiento a los sectores vulnerados o que sufren menoscabo de su dignidad o derechos, promueve y como organismo aconseja, la elaboración de normas que tiendan a garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos para la sociedad toda.

 



El INADI tiene a disposición la línea telefónica gratuita 0-800-999-2345 durante las 24 horas para brindar un servicio de asesoramiento y recibir denuncias sobre actos de discriminación.