El gobierno de la provincia de Jujuy en Argentina debe cesar de inmediato el uso excesivo de la fuerza contra quienes ejercen su derecho a la protesta pacífica, que ha dejado como consecuencia a cientos de personas heridas en los últimos días, dijo Amnistía Internacional hoy.



“El gobierno de la provincia de Jujuy le está dando la espalda a quienes ejercen su derecho a protestar contra la reforma constitucional, enviando a las fuerzas del orden a resolver con represión un problema que debe solucionarse con diálogo. La seguridad de la población no se puede garantizar violando los derechos humanos”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.



Desde el inicio de las protestas en Jujuy, una provincia ubicada en el norte de Argentina, contra una reforma constitucional y los reclamos salariales de docentes, la policía provincial ha respondido con uso excesivo de la fuerza, empleando de forma indiscriminada balines de goma, gases lacrimógenos y violencia física contra la población, especialmente contra personas Indígenas y campesinas.



El gobierno de la provincia de Jujuy le está dando la espalda a quienes ejercen su derecho a protestar contra la reforma constitucional.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional



El 15 de junio la Convención Constituyente aprobó una reforma constitucional de manera exprés, sin espacio para la participación pública y la consulta. Un proceso que se propuso durar al menos 90 días para su debate fue resuelto en apenas tres semanas, y sin dar a conocer el texto final sino hasta el día de su sanción.



Tras su aprobación, en varios puntos de la provincia se produjeron movilizaciones de rechazo a la reforma. La represión a estas movilizaciones ha dejado ya cientos de personas heridas, incluyendo un joven de 17 años que perdió un ojo tras los disparos de balines de goma por parte de la fuerza policial. Asimismo, de acuerdo con información oficial, más de 60 personas han sido detenidas, muchas de ellas bajo la figura penal de “resistencia a la autoridad”, utilizada usualmente para limitar las movilizaciones sociales y el derecho constitucional a hacer peticiones y manifestarse ante las autoridades.



Las autoridades de la provincia de Jujuy deben garantizar los derechos a la protesta pacífica y la libertad de expresión y abstenerse de hacer uso excesivo de la fuerza para responder a las manifestaciones que se extienden en el territorio provincial. Además, es imperativo que se investiguen de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía en todas las protestas ocurridas en la provincia.



Asimismo, Amnistía Internacional solicita la publicación de información completa, detallada y desagregada sobre el número de personas heridas y detenidas, así como los cargos en su contra. También insta a las autoridades a atender las causas estructurales que han llevado a varios sectores de la población a manifestarse para defender sus derechos humanos. En especial, la organización convoca al gobierno provincial a promover un espacio de diálogo genuino y de participación efectiva con todos los actores involucrados, en especial los pueblos originarios, las organizaciones gremiales y docentes, para poder discutir con la profundidad necesaria los temas centrales para la población en Jujuy.



La seguridad de la población no se puede garantizar violando los derechos humanos.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

Entre los temas que han levantado preocupación a la población y organizaciones de derechos humanos se encuentran algunas de las propuestas de reforma vinculadas a:

• regulación de la protesta social y la prohibición de formas de manifestación pública por parte de la población – como “cortes de calles y de rutas” y “toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas”, invocando el “derecho a la paz social”
• cuestiones de materia ambiental, incluyendo el régimen de aguas, propiedad, autorizaciones y licencias para exploración o explotación ambiental
• el ejercicio de consulta y participación y de propiedad territorial de los pueblos originarios.