La Corte Suprema de Brasil imputó hasta ahora a 1.176 de los acusados de asaltar el pasado 8 de enero las sedes de los tres poderes en un intento de forzar un golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien había asumido el cargo legítimamente una semana antes.

El número fue alcanzado en la medianoche del lunes, cuando el Supremo Tribunal Federal (STF) concluyó el análisis virtual de las denuncias de la Fiscalía contra otros 131 de los inculpados. La máxima corte del país informó este martes que les abrirá juicio penal. La apertura de los procesos fue aprobada por 8 de los 10 magistrados que integran el tribunal. Los únicos que divergieron fueron Kassio Nunes Marques y André Mendonça, cuyo nombramiento fue por indicación del entonces presidente Jair Bolsonaro.



El STF iniciará este miércoles el análisis de las acusaciones contra el séptimo y último grupo de entre los 1.390 denunciados formalmente por la Fiscalía por participar en el intento golpista. Una vez concluido esto, comenzarán los procesos de recolección de las pruebas, la convocatoria de los testigos y la lectura de las alegaciones de defensa y acusación.

Esto se da días después de que el Parlamento brasileño instaurara una comisión que investigará la asonada y que será controlada por el oficialismo, pese a que fue propuesta por la ultraderecha, sospechada de haber promovido ese frustrado golpe contra el gobierno. La comisión debe investigar y esclarecer los hechos en un plazo de 180 días.

Los investigados

El 8 de enero, miles de partidarios de Bolsonaro insatisfechos con el resultado electoral invadieron el Palacio presidencial de Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal, en un intento de tumbar al presidente Lula da Silva. De los 1.176 imputados, 951 fueron incluidos en un proceso por asociación para delinquir e incitación pública contra las Fuerzas Armadas y los poderes constitucionales. Esto fue por haber participado en los campamentos que los bolsonaristas montaron frente al cuartel general del Ejército para pedir un golpe de Estado y desde el que partieron los asaltos.

Los otros 225, considerados como autores intelectuales y ejecutores de los asaltos, responden por los delitos de asociación para delinquir, abolición violenta del Estado democrático, golpe de Estado y daños al patrimonio público. Uno de los investigados en este grupo es el propio Bolsonaro, quien el dia de los acontecimientos estaba en Estados Unidos, a donde viajó dos días antes de terminar su mandato para evitar entregarle el poder a Lula, pero figura como sospechoso de "incitar" a sus seguidores. El pasado 26 de abril ante la Policía por este caso y negó cualquier tipo de responsabilidad.

El expresidente, quien perdió los fueros al dejar el poder, es investigado en una veintena de procesos por abusos de poder, entre otros cargos, en causas que tramitan en la Justicia ordinaria, el Supremo y en tribunales electorales de Brasil. Sin ir mas lejos, un tribunal de segunda instancia ratificó este último viernes una sentencia impuesta en su contra por el "daño moral colectivo" que causó a los periodistas con sus recurrentes ataques a la prensa, durante sus cuatro años de gobierno.

Leonardo Rodrigues de Jesus, sobrino de Jair Bolsonaro, también quedó incluido este mes en las investigaciones por los ataques del 8 de enero, porque la justicia considera que participó de manera "activa" en los "violentos actos antidemocráticos" de aquel día. Llegó incluso a compartir en sus redes sociales alguna de las imágenes que inmortalizó aquel día a las puertas del Congreso.

Sobre los detenidos

Las autoridades llegaron a detener a unas 2.000 personas por el intento de golpe, pero en la actualidad solamente permanecen en prisión menos de 300 y el resto aguarda el proceso en libertad, aunque con diversas medidas cautelares.

Entre los últimos que llegaron a prisión se encuentra un oficial de la Policía Militarizada de Brasilia, el mayor Flávio Silvestre de Alencar, quien fue detenido el martes de la pasada por presuntas "omisiones". El día de la asonada dirigía un batallón responsable por la seguridad en la sede del Congreso Nacional y, según la investigación, ordenó que la tropa se retirase y facilitó así la acción de los golpistas, según informó la Policía Federal.

Por el contrario, el ex ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Anderson Torres, recibió la libertad condicional por decisión del magistrado del STF Alexandre de Moraes. La decisión ocurrió días después de que la Fiscalía General concluyó que no halló indicios de que él hubiera actuado intencionalmente para ayudar a los manifestantes. Moraes determinó que la "eficacia de la prisión preventiva alcanzó su finalidad, con la realización de nuevas diligencias policiales que estaban pendientes", pero no se pronunció sobre el fondo del caso.

Torres, quien se encontraba en Estados Unidos el día de los hechos, se desempeñaba como secretario de Seguridad de Brasilia, luego de haber sido ministro de Justicia de Bolsonaro hasta el fin de su mandato, en diciembre de 2022. Ahora debe usar una "tobillera electrónica", tiene prohibido salir de Brasilia y del país, y expresarse por las redes sociales, indicó el tribunal en una nota enviada a periodistas.