El gobierno de la provincia no puede salir de la zona de conflictos. A la cotidiana movilización de organizaciones sociales, cooperativas y gremios se sumó ahora con la fuerza de una deuda millonaria el sector de los judiciales ante la modesta oferta que hizo el delfin peppista, Horacio Rey, junto al ministro de Hacienda, Cristian Ocampo, el diputado Hugo Ságer y un representante de la Fiscalía de Estado.



Rey sabe que su deleite con las mieles del poder necesariamente incluye la comunicación de las noticias que no quiere dar en persona el gobernador Domingo Peppo. A su vez, el mandatario provincial interpreta que no decir las cosas personalmente no impacta en su propia imagen.

Aún así, cholulo como todo hombre de provincia, elige responderle personalmente al un panelista de Marcelo Tinelli.



Camino al año de gestión, mucho más de los 200 días con que la gestión de Domingo Peppo adorna su pauta publicitaria, el gobernador no ha resuelto el grave conflicto social que es la base de los permanentes cortes de calle y de ruta que tanto fastidian a los vecinos de las cuatro avenidas.



La protesta se expande más allá del Protocolo de intervención local que brinda herramientas que el propio Estado se niega a tomar.



Un gobierno con ideas limitadas no solo en lo administrativo en donde se retorna a la base asistencial con primera dama incluida entregando zapatillas directamente a los niños pobres con obvia presencia de fotógrafos, luego de que Marcelo Polino recomendara brindar agua a comunidades del Impenetrable.



Sino también en lo político. El gobierno de Domingo Peppo nada en la indiferencia de la gestión de Macri. Pero lo hace después de más de un semestre de intentar por todos los medios de ser un aliado incondicional y otros menos de ser un acotado crítico. Sin tener ningún resultado.

Hay que notar que la última protesta en el Barrio Pedro Pescador en donde una quincena de mujeres reclamaba por el acceso a la Asignación Universal se produce por incumplimiento de los funcionarios nacionales chaqueños que en sus relevamientos van haciendo promesas que ya empezaron a incumplir.



Aún así, le tocó a la policía provincial “resolver” el conflicto y despejando el camino.

Mientras los medios oficiales repiten que “los chaqueños se despiertan” como si la noche hubiera terminado, María Eugenia Vidal transforma la provincia de Buenos Aires como un hada buena y anuncia que “llegaron las obras”, como si antes no hubieran existido y para mayor, como si ahora, por el solo hecho de tener una varita mágica al principal distrito del país le hubieran aparecido los fondos propios para hacerlas.



El PRO se empeña en dividir La Matanza, ¿se le ocurrirá, de paso, dividir la provincia de Buenos Aires? No puede escapar al resto de las provincias qué equilibrio democrático importaría dejar de tener un distrito poderoso que termine garantizando quién será el presidente reelecto?



Es que son los fondos nacionales los que permiten que lleguen las obras a la provincia de Buenos Aires. Se trata del mismo manejo de fondos que hacía no sólo el kirchnerismo, el menemismo, pero aún retrocediendo en la historia, el mitrismo, los federales rojo punzó de Juan Manuel de Rosas.

Esta es la historia que se repite y se repitió en la Casa de Gobierno a lo largo de nuestra historia, desde la Revolución de Mayo en adelante. El estado nacional –ahora en manos de un hombre del puerto- debería equilibrar el desarrollo de los cuatro puntos cardinales de la Argentina. Y no lo hace, y frente a eso, las provincias, otrora clave para la organización nacional defeccionan.

No habrá recursos para el Chaco. El intendente Jorge Capitanich anunció una movilización, con ausencia de representantes provinciales, para reclamar que la Nación avance en crédito entre 30 y 40 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento para la ciudad de Resistencia.

No fue una coincidencia que Capitanich no haya asistido a la reunión con jefes comunales de todo el país que motorizó Mauricio Macri y a la que fueron un nutrido grupo de intendentes del PJ del Chaco (movilizados por el gobierno provincial) en donde en los pocos minutos que duró el discurso del presidente escucharon que la Nación quería trabajar directamente con los jefes comunales.

Tampoco que después de haber participado, ante los micrófonos locales, varios de los peronistas hayan manifestado su arrepentimiento por haber viajado.





Judiciales contra las quitas



La propuesta que Peppo evitó dar a conocer supone una serie de quitas para quienes por más 25 años decidieron reclamar judicialmente contra un ilegal aumento que el Superior Tribunal de Justicia se dio en 1991 y que 25 años después termina haciendo eclosión.



La cara visible del reclamo son jueces (en funciones o retirados) y funcionarios, pero también afecta a un sector de los empleados. Las manifestaciones solitarias de los “beneficiarios” hacen notar con brillo la ausencia de las organizaciones gremiales. La Asociación de Magistrados (sus autoridades aclararon que hablan a nivel individual) y los gremios judiciales, el Sindicato cuya secretaria general, Graciela Aranda, es habitué de la Casa de Gobierno, y las fotos con Domingo Peppo y Gustavo Martínez, y el secretario general de la Unión, Walter Bernard, al que le gusta mostrarse crítico.



A una semana del anuncio el silencio es absoluto. Entrampados en el apoyo al gobierno, no pueden criticarlo. Horacio Rey, sin ninguna clase de timming consideró, el día del anuncio, que se trataba de un “hecho histórico”. El gobierno de Peppo tiende a usar ese calificativo para todo, aunque haya inaugurado una agencia de quiniela, en un pueblo del interior.



Pretender un cobro de contado, es perder la mitad de lo que índica la sentencia firme. El mismo letrado que recomendó a los litigantes discutir esto adentro de la casa y no con los abogados, representando a instituciones de crédito ejecutó planillas y actualizaciones de créditos –incluso contra empleados de la Justicia- embargando haberes de manera interminable sin que los acreedores hayan consultado con sus familias la continuidad o no de los procesos. Ese es su trabajo.



No se puede decir que sea una mayoría, pero todos los que hablaron incluso un grupo de “beneficiarios” autoconvocados decidieron expresarse contra el acuerdo, que además tiene una fecha límite: el último día de octubre.



Como si tuviera alguna relación con esto, el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano llegaría esta semana a la provincia del Chaco. Viene a firmar un convenio con el Ejecutivo provincial y el Superior Tribunal de Justicia para financiar la construcción de edificios judiciales en Sáenz Peña y Villa Angela. En representación de la Justicia, lo recibirá la presidente del STJ, María Luis Lucas, por estos días acosada desde distintos sectores por haber sido una de las firmantes del acuerdo que derivó en el megajuicio que hoy define una etapa más.