“Nadie toma control de esta situación y solo la Justicia está tratando de avanzar en la investigación”, se quejó el fiscal federal de Paso de los Libres.

Argentina es uno de los principales proveedores de soja a escala mundial y su contrabando, que se ha incrementado en los últimos años, mueve millones de dólares. El negocio ilegal que hay en torno al grano es tan lucrativo que ya involucra a funcionarios corruptos e integrantes de las fuerzas de seguridad. Pero los que más parecen ganar son los propios productores.

“Primero llega en camiones hasta diferentes puntos fronterizos con Brasil y Paraguay, después se prepara la carga y es cruzada a través de ríos o zonas de frontera seca. A Uruguay también se contrabandea, pero menos. Alguien produce todas esas toneladas soja, un porcentaje es exportada de manera legal y otra de manera ilegal. El productor es el principal beneficiario”, dice a Negocios & Política un oficial de Prefectura Naval de alto rango y con despacho cargado de recuerdos, con vistas al Río de la Plata.

Para el fiscal federal de la ciudad correntina de Paso de los Libres, Fabián Martínez, los involucrados en la mayoría de las maniobras de contrabando de soja son “grandes empresarios”. Bajo su jurisdicción tiene buena parte de la costa del río Uruguay, además de una de las rutas de mayor tránsito de transporte de cargas que atraviesa Corrientes.

El último año abrió alrededor de 80 causas judiciales por tráfico ilegal de toneladas de soja en la frontera con Brasil. En los expedientes abundan las coincidencias de nombres, sociedades y modus operandi. La situación es tan escandalosa que llamó la atención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

“Nadie toma control de esta situación y solo la Justicia está tratando de avanzar en la investigación”, se queja el fiscal federal. “Esta gente está llenándose las arcas ilegalmente y evadiendo los pagos de impuestos”, agregó durante una entrevista a una radio de esa provincia del noreste.

Las estadísticas que manejan en el Ministerio de Seguridad de la Nación indican que el contrabando de granos, en especial de soja, se incrementó a partir de 2020 cuando la pandemia de covid-19 llegó al país. En menos de dos años, poco más de media docena de integrantes de las fuerzas federales fueron desplazados de sus puestos por estar involucrados en algún caso de tráfico del principal cultivo agroexportador del país.

A principios de mes fueron detenidas, en Misiones, ocho personas acusadas por integrar una presunta asociación ilícita dedicada al contrabando de soja a Brasil. Entre los apresados se encuentran cinco empresarios, dos gendarmes y un empleado de la Agencia Tributaria de esa provincia.

Las operaciones de contrabando suelen tener la carta de porte, que es la que se utiliza para el transporte de granos y otras mercaderías, adulterada. El documento antes era un simple papel con algunos sellos y número de identificación, ahora es electrónica y de difícil falsificación. Otro de los puntos en común es la falsificación de facturas de compra, irregularidades en los datos de la trazabilidad de la mercadería en tránsito, y la utilización de documentación de operadores de comercio exterior robada, vencida o sin antecedentes que justifiquen determinados despachos de carga.