Así lo informó la provincia al comunicar sobre una resolución que se emitió desde la Secretaría de Ambiente. Los ambientalistas piden políticas que impidan desmontar más de lo que ya se deforestó en la provincia.



El Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable informó que se aprobó el proyecto de reglamentación de graduación de multas por infracciones al régimen de protección de bosques nativos de la Provincia de Salta, que elevará los montos a cobrar un mínimo de 400 por ciento o 566 por ciento según el área afectada.

Aunque en el Boletín Oficial no fue aún publicada, se informó que el proyecto se aprobó mediante la resolución 118/21 enmarcada en la Ley Provincial Nº 7543, su Decreto Reglamentario Nº 2785 y demás normas concordantes, los nuevos mínimos en las multas por infracciones al régimen de protección de bosques nativos de la Provincia de Salta significan un incremento del 400 por ciento en categoría verde y amarillo; y del 566 por ciento en categoría rojo por cada hectárea afectada. Además de la obligación de restaurar y/o remediar el área ilegalmente transformada.


Se indicó que las sanciones se aplicarán terminado el sumario por una infracción al Régimen de Protección de Bosques Nativos, que otorgue la posibilidad del derecho a defensa. Además de las sanciones, la provincia podrá disponer del decomiso de los productos obtenidos en infracción, suspensión o revocación de las autorizaciones y/o clausura parcial o total del inmueble o establecimiento en infracción. Todas estas sanciones son acumulativas y se aplican sin perjuicio de las acciones civiles, penales y/o contravencionales que pudieran corresponder.

“Este importante avance se suma a las acciones que lleva adelante el Gobierno de Salta en pos de promover un desarrollo sustentable y siguiendo los objetivos de transparencia y eficiencia trazados por el gobernador Gustavo Sáenz”, indica el comunicado.

La decisión, no obstante, se tomó luego de poner en conocimiento que la provincia había convocado entre diciembre y enero a audiencias públicas para permitir el desmonte de más de 28 mil hectáreas. Frente al descontento, que no solo se manifestó por distintos medios sino también en las audiencias públicas, desde la segunda mitad de enero y hasta ahora las audiencias públicas de desmontes dejaron de publicarse.

Otro de los datos que surgió del comunicado es que casi la mitad de los sumarios iniciados en 2020 tuvieron que ver con “cambios de uso de suelo no autorizados”, o desmontes ilegales. Pues de 205 sumarios administrativos que inició en 2020 la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 98 corresponden, hasta ahora, a esta contravención.

Se afirmó que también se habilitó la consulta web del Registro de Infractores y Reincidentes Ambientales, que se actualiza periódicamente, y se agilizó el control de desmontes vía satelital a través del Sistema de Alerta Temprana de Deforestación en conjunto con Nación.

“Siempre hay mecanismos de evasión a las multas”
La coordinadora de Bosques en el NOA de Greenpeace, Noemí Cruz, indicó que a su entender “la provincia no está haciendo nada extraordinario, está cumpliendo con lo que dicta la Ley, a destiempo, cuando ya permitió desmontar en zonas boscosas que estaban bajo su resguardo”.

Reiteró como lo viene haciendo la organización ambientalista que las multas son insuficientes. Porque pese a los aumentos sostuvo que “siempre se encuentran mecanismos de evasión a las mismas, y por lo tanto hay incumplimiento”.

Para Cruz, la solución es penalizar los desmontes y definir una política de la deforestación cero, no autorizar esas 28 mil hectáreas cuyos trámites de desmonte están en curso y pensar en restituir los bosques que debían permanecer por su estatus de conservación.