La Cámara de Diputados avanzó con la firma del dictamen del proyecto que propone implementar el juicio por jurados para delitos federales con penas mayores a los cinco años de prisión o reclusión.
En un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Presupuesto y Justicia, hubo luz verde para la iniciativa que busca implementar en todos los tribunales federales y nacionales del país este instrumento de participación ciudadana para la elaboración de las sentencias judiciales.
La premisa básica del proyecto, que ha sido objeto de debate durante décadas, es que un grupo de ciudadanos sin formación jurídica elegidos por sorteo público pueda determinar la culpabilidad o inocencia de acusados de delitos graves de acuerdo a propio prisma de apreciación moral.
La iniciativa plantea la conformación de jurados populares de 12 integrantes y dos suplentes, con paridad de género, que tienen que estar presentes durante todo el proceso, con la tutela y orientación de un juez que se encarga de emitir condena. El veredicto lo dicta el jurado y es inapelable, y sus deliberaciones son secretas y no se hacen públicas.
Tanto que el monto de la pena como la resolución de planteos que puedan hacer las partes durante la causa (como pedidos de nulidad, libertades, detenciones, etcétera) recaen en el magistrado federal.
El proyecto incluye la obligación de que los jueces conduzcan las audiencias con toga y martillo, a la vieja usanza. De esta manera, se busca dar cumplimiento a un mandato constitucional de la carta magna de 1853, ratificada por la Convención Constituyente de 1994.
El sistema de juicio por jurados garantiza la imparcialidad de los fallos, dado que de su veredicto no dependen ni sus ascensos, ni sus carreras judiciales, donde el acusado también se beneficia por el hecho de ser juzgado por pares y no por el Estado propiamente dicho, muchas veces colonizado por intereses corporativos.
Esto significa que no cumplen con alguna de las incompatibilidades detalladas en la normativa, no pueden excusarse y están obligados a comparecer, bajo apercibimiento de sanción.
El sorteo público, a cargo de la Cámara de Casación Penal, se realiza sobre la base de los padrones que confecciona la Cámara Nacional Electoral (CNE) cada dos años, y es una carga pública para aquellos ciudadanos que salen sorteados, los cuales deben ser de la misma circunscripción territorial en la que se hubiera cometido el delito.
Para ser jurado, el ciudadano debe tener entre 18 y 70 años, dos años de residencia en la jurisdicción del hecho, saber leer y escribir y tener aptitudes físicas y psíquicas, quedan excluidos funcionarios de los tres poderes del Estado, abogados, escribanos, profesores de Derecho, como también condenados por delitos de lesa humanidad y deudores morosos.
El juicio por jurado ya existe en muchos países del mundo y también se implementa en la Justicia de 12 provincias: Buenos Aires, CABA, Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Chaco, Río Negro, San Juan, Santa Fe y Neuquén.
El diputado nacional Fernando Carbajal ponderó “el esfuerzo conjunto de todos los bloques”, con el objetivo de “saldar una deuda histórica” y dar un paso más para “la transformación de la justicia”. Ademas, dijo que hay que marcar este «punto de inflexión que implica lograr el dictamen casi por unanimidad, hubo alguna disidencia parcial sobre algunos matices, pero lo central es que vamos a tener juicio por jurados».
Carbajal destacó que serán hombres y mujeres los que «empezaran a resolver los casos judiciales en el fuero Federal, y esto ya demostró que es un elemento de transformación de la justicia y de legitimación de las decisiones judiciales. Esto dará confianza en el funcionamiento de las instituciones».
El despacho de mayoría recibió la rúbrica de los bloques mayoritarios, en tanto que los diputados de Encuentro Federal Fernando Brügge y Alejandra Torres presentaron un dictamen alternativo.
El diputado nacional por Córdoba, Juan Brugge, consideró que «el juicio por jurados es una deuda pendiente desde que se sancionó la Constitución en 1853, fueron las provincias las que avanzaron. La pionera fue Córdoba».
“Si todo sale bien, vamos a cumplir con una manda histórica constitucional avanzando fuertemente y firmemente en la instauración de los juicios por jurados en materia federal”, celebró el presidente de la comisión de Justicia, el libertario Manuel Quintar.
Al comienzo de la reunión, expusieron especialistas, entre ellos el juez de Cámara electoral Alberto Dalla Via, quien aclaró que el juicio por jurados «es una institución probada en el mundo anglosajón que no sustituye el rol del Juez en el proceso”, ya que “el jurado solo toma una decisión política y no jurídica”.
“Desde la creación de la Nación los constituyentes quisieron adoptar el modelo que tenía la Constitución de Estados Unidos porque era la más democrática en su momento y con mayor apertura”, comentó.
Para Dalla Via, “incorporar el jurado es incorporar la participación ciudadana al proceso judicial”.
En tanto, el director general de la oficina de juicio por jurado de CABA, Gastón Blanchetiére, reparó en que “debe ser considerado si o si la capacitación de los operadores en materia de audiencias preliminares.
A su turno, Martín Sabelli, ex Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Defensores de EE.UU, consideró que “este sistema mejora la calidad de la Justicia y de la democracia porque es una ventana para que el pueblo vea cómo funciona o no el sistema judicial”.
En este sentido, consideró que en Argentina hay “una profunda desconfianza en el sistema judicial y la única forma de mejorar eso es volver a la Constitución y establecer un sistema en todos los delitos los juicios por jurados”.