El presidente del cuerpo de bomberos voluntarios de Itá Ibaté y ahora integrante de la Federación, Juan Almirón, comentó a una emisora que recibieron un camión secuestrado por narcotráfico. Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal de esa jurisdicción.

El presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios, Juan Almirón, solicitó ser depositario judicial para utilizar el vehículo para hacer frente a eventuales incendios ocasionados por las condiciones climáticas de la zona.

En su resolución, el juez Alonso González destacó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su Acordada N°02/18, dispuso que los efectos secuestrados y bienes decomisados en causas penales, que no hayan podido entregarse a sus dueños, podrán ser asignados provisoriamente, en carácter de depositario judicial a entidades con fines de interés público, para el cumplimiento de sus objetivos específicos y uso dentro del territorio nacional.

Dicha normativa también refiere a los bienes provenientes de delitos vinculados al narcotráfico y al lavado de activos e indica que: "El abordaje del delito con medidas eficaces de este tipo reduce el impacto negativo que éste provoca en la sociedad, especialmente en los casos de delincuencia organizada y de corrupción que degrada las instituciones del país, en particular la administración pública".

En ese orden de ideas, la acordada destaca que este tipo de medidas "relacionadas a la recuperación de activos que se obtienen de actividades de carácter delictivo, se beneficia directamente a la población. De ahí, la trascendencia que el ordenamiento jurídico le da al fin social de los bienes que han sido utilizados para cometer el hecho o el producto de ellos".

Así, tras verificar la "la urgencia del pedido en cuestión y la real necesidad verificada", el magistrado consideró que "se impone dar una respuesta eficaz y adecuada a la demanda formulada", por lo que resolvió hacer entrega del camión y su semirremolque al presidente de los Bomberos Voluntarios de Itá Ibaté-Corrientes, en carácter de depositario judicial, quien deberá acreditar la contratación de un seguro para el rodado.