El Gobierno nacional pedirá a la justicia que cualquier ciudadano pueda fiscalizar en cualquier provincia, debido a la falta de estructura de Cambiemos en muchas provincias. Sólo considera que Corrientes, Mendoza y Jujuy tienen estructura de buena fiscalización y en estos distritos no se pediría la fiscalización adicional.

 



Desde que asumió, Macri preveía un escenario tenso en 2017 y buscó imponer el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE) para evitar el robo de boletas y las tradicionales trampas del aparato del PJ en el escrutinio provisorio.



Sin embargo, el peronismo frenó la reforma electoral en el Senado y ello redobló las sospechas del macrismo. Cambiemos tomará recaudos y volverá a hacer una campaña de reclutamiento de fiscales en todo el país, como hizo en 2015.

 

El jefe de asesores presidenciales y apoderado nacional de Cambiemos, José Torello, hará una presentación ante el juzgado federal con competencia electoral de La Plata, a cargo de Adolfo Ziulu para habilitar a fiscales de otros distritos (como Capital) a monitorear las urnas bonaerenses.

 

Pero también Torello hará presentaciones en distritos complicados para Cambiemos. La mayor densidad de militantes Pro tiene domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Si bien Pro y la UCR bonaerenses tienen estructura partidaria, no alcanzaría para cubrir las 35.000 mesas electorales de la provincia.

 

En el país hay 95.000 mesas que Cambiemos deberá fiscalizar. Hay provincias que considera bien fiscalizadas, como Mendoza, Jujuy y Corrientes, donde los gobernadores tienen estructura partidaria suficiente para garantizar el control. Es posible que allí no se pida una facilidad adicional para fiscalizar.

 

Pero en otras provincias, el PJ u otros partidos locales dominan los aparatos partidarios, las intendencias y los concejos deliberantes: Tucumán, Salta, Formosa, Misiones, San Juan, La Rioja, Santiago del Estero, Chaco, Entre Ríos, Catamarca, Santa Cruz, Chubut, La Pampa y Tierra del Fuego. Allí, Cambiemos intentará llevar fiscales propios de otros distritos.

 

El argumento central será que "el bien jurídico protegido es la correcta fiscalización para defender el voto de los ciudadanos".

 

La presentación deberá hacerse antes del cierre de las alianzas, el 14 de junio. Pero en la Casa Rosada ya trabajan sobre la argumentación jurídica para cada juzgado. También es posible que se convoque a la ONG Ser Fiscal para coordinar esfuerzos que garanticen la cantidad necesaria de fiscales.