El 2 de enero pasado, López se enteró por los medios de comunicación que había sido dado “de baja” del plan social. El beneficiario es de Riachuelo.
El Ministerio de Capital Humano reconoció que en al menos un caso se equivocó al retirarle el Plan Potenciar Trabajo a un beneficiario porque supuestamente era empleado del gobierno de Corrientes. La cartera que dirige Sandra Pettovello revocó su propia decisión, pero todavía no paga: le avisó al beneficiario que le devolverá el dinero correspondiente con la liquidación de marzo. Entretanto, que se las arregle como pueda.
Hugo Daniel López vive en la localidad correntina de Riachuelo. Desde 2020 es beneficiario del Potenciar Trabajo. “Eso me permitió, junto con otro grupo de personas, organizarnos en cooperativa de trabajo, obteniendo el beneficio de cobrar como NEXO desde 2021, cumpliendo la contraprestación de carga horaria, como lo establece el reglamento del programa, lo que sigo haciendo hasta la fecha, dado que ha sido la única fuente de ingreso y trabajo genuino luego de casi siete años de desempleo, por mi edad”.
El 2 de enero pasado, López se enteró por los medios de comunicación que había sido dado “de baja” del plan social “por haber sido informado por el gobierno de Corrientes como ‘personal activo’ lo que es un dato ladinamente falso”. Ya ese mes no cobró; febrero, tampoco.
Desde ese día, López quedó atrapado en la perversión de un sistema que, en alabanza al Dios de la motosierra, primero corta y después pregunta. El gobierno correntino le extendió una certificación en la que consta que no es empleado público. Lo fue en la legislatura provincial entre 2011 y 2013, es decir hace más de diez años. ANSES también le extendió una constancia que indica que es monotributista social, no empleado público.
Documentación en mano, concurrió en reiteradas oportunidades a las filiales locales de Capital Humano. Le respondieron que volviera a la semana siguiente (en dos oportunidades consecutivas) “dado que aún no tienen autorización de recibir reclamos por carecer de autoridad local y reglamento al respecto”.
“Ante esta situación, remití reclamo vía mail al que en vigencia del Ministerio de Desarrollo Social había que dirigirse, sin respuesta de ningún tipo, lo que demuestra mi intención de agotar la vía administrativa”.
Sin respuestas administrativas, López fue a la Justicia. “No solo me suspenden el cobro del beneficio social sin verificar lo supuestamente informado por la Provincia de Corrientes -a no se sabe qué organismo, ni en qué términos, o a que fin- sino que además informa a la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Relativos a la Seguridad Social (UFISES), instando se me inicie una causa penal”.