La Cámara Federal de Casación Penal convocó este lunes a una audiencia para el próximo 13 de noviembre para dar a conocer su decisión en la causa en la que está condenada la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por delitos con la obra pública en Santa Cruz, conocida como «causa Vialidad».

La sala IV del máximo tribunal penal del país comunicará ese día si confirma, revoca o modifica la sentencia a seis años de prisión contra la ex mandataria, al igual que su decisión referida a las penas impuestas a otros acusados.

Se trata de una audiencia de «lectura de sentencia» a la que asistirán los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky para dar a conocer la decisión.

La fecha se fijó tras haber rechazado los últimos recursos que presentó la semana pasada la defensa de la ex presidenta, en los que sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy aludieron a «indebidas intromisiones por parte de sectores políticos y mediáticos» para «influir y direccionar» la causa Vialidad.

En uno de esos planteos, habían cuestionado los dichos del presidente Javier Milei vinculados a la causa durante un acto en Parque Lezama, donde aludió a la supuesta responsabilidad de los jueces y también la publicación de notas periodísticas donde se adelantaba que habría una decisión de Casación vinculada a confirmar esa condena por administración fraudulenta emitida por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) al término de un juicio oral.

«El presidente de la Nación protagonizó un acto de relanzamiento de su partido político en el cual, ante la proclama de su público, exhortó a los magistrados que integran esta Cámara Federal de Casación Penal para avanzar en esta causa y ratificar la injusta condena impuesta a nuestra asistida», sostuvo Beraldi en ese escrito, ahora rechazado por Casación.

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Se trata de la causa en la que se analizó el direccionamiento del 80% de la obra pública vial nacional en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez, también condenado en ese debate oral.

El veredicto del TOF 2 fue apelado por todas las defensas, que reclaman absoluciones, y por la fiscalía, desde donde se exigió agravar la condena y considerar el delito de «asociación ilícita», en base a lo cual se habían reclamado doce años de cárcel para la ex presidenta.