Los ministerios de Seguridad bajo la dirección de políticos han mostrado claras deficiencias en su enfoque y gestión. En otras carteras, nadie imagina Salud o Economía dirigidos por personas sin conocimiento profesional. Las preocupantes estadísticas en cuanto al crimen organizado y los casos de desapariciones de personas sin resolver son elocuentes.

El actual caso Loan, por ejemplo, puso de manifiesto la ineficacia de las políticas de seguridad actuales al no lograr resolver situaciones críticas de manera rápida y satisfactoria.

El caso nos recuerda, entre otros, la trágica historia de María Cash, desaparecida hace más de 13 años y que sigue siendo un misterio sin resolver. Esta situación, junto con la falta de avances en la implementación de iniciativas efectivas, como el proyecto presentado –y nunca tratado– por el senador Romero en el año 2013 (de mi autoría y a petición del padre de la víctima, Sr. Federico Cash –trágicamente fallecido en circunstancias de búsqueda de su hija–) para la creación de una agencia especializada en búsqueda de personas, refleja la todavía urgente necesidad de un enfoque más técnico y profesional en esta materia.

La propuesta de establecer una agencia o secretaría ministerial especializada en la búsqueda de personas desaparecidas, liderada por expertos en el campo, adquiere relevancia al considerar los miles de familias afectadas por casos sin resolver, como el de María Cash, Loan y muchos otros. La fiscalía especializada Protex estima en unos 6 mil los casos de personas desaparecidas en democracia.

Como contrapartida, por ejemplo, en los Estados Unidos, es el FBI el que trabaja todos los casos de desapariciones de menores y también de mayores en los que se reclama rescate, a más de otros diversos en que las distintas jurisdicciones requieren su colaboración.

En Argentina, en cambio, hasta tanto se decide la calificación del hecho como provincial o federal, la investigación de los casos queda a merced de las policías locales, quienes, en el mejor de los casos, son negligentes en las búsquedas por falta de entrenamiento en la materia, o en el peor, por ser parte del delito organizado. Y aun cuando el sistema federal, tardíamente, entre en acción, carecerá de un cuerpo único, especializado e independiente para investigar profesionalmente en la materia. Ello sin agregar que normalmente los jueces federales de las provincias deben su nombramiento al gobernador del lugar.

Al presidente Javier Milei se le deben llevar soluciones a estas temáticas que erosionan a la sociedad, en primera instancia podría considerar la conformación de un Ministerio de Seguridad con un enfoque basado en conocimiento, experiencia y profesionalismo, el que no solo podría evitar errores y otras desviaciones del pasado en cuanto al auge del crimen organizado, sino también marcar la diferencia en la resolución de casos pendientes.

Este esquema académico-técnico para la conformación de la cartera de Seguridad era el pensado, a mi juicio correctamente, por la vicepresidenta Victoria Villarruel para el comienzo de la gestión, lamentablemente malogrado por acuerdos políticos que la desvincularon del área.

Recordemos que economía e inseguridad siguen siendo las preocupaciones predominantes entre los habitantes de nuestro país.





Martín Etchegoyen Lynch*

*Abogado y Dr. en Ciencias Penales, Exfiscal y actual abogado miembro de la barra de California, USA.







Con información de Perfil