Se inicia el juicio oral y público a tres acusados por la muerte de 8 obreros en un derrumbe de un edificio en construcción situado en San Martín al 600, de la capital correntina. En el Tribunal Oral Penal Nº 1, situado en el edificio Patono de Plácido Martínez 1056, son juzgados el ingeniero Walter A. Bruquetas, el arquitecto Marcelo Javier Mayer y el capataz de la obra Carlos Valenzuela.
El abogado querellante, Rubén Leiva señaló que se espera que las audiencias se extiendan por unos seis meses, debido al número de personas que prestarán testimonio ante el Tribunal.
"S aproximadamente 60 testigos y eso conlleva arduas jornadas. Son muchas las partes, muchas personas, entonces se hace tedioso y largo la toma de testimoniales. Calculo que este primer semestre vamos a estar en audiencia, siempre que la situación de pandemia lo permita", dijo.
También se realizará la reconstrucción del hecho, ocurrido el 22 de marzo de 2012. "Hay que tener en cuenta también que en algún momento vamos a constituirnos en el edificio para la reconstrucción del hecho. Van a declarar los peritos que han participado, van a explicar como fue la mecánica de la construcción y del derrumbe. Eso va a ser muy importante y muy largo", dijo en La Red Corrientes.
Consideró además que "las pruebas son contundentes, son sólidas" y que "si no fuera así no hubiera existido la desesperación (de la parte acusada) por suspender el juicio".
La carátula de la causa es "supuesto estrago culposo agravado por poner en peligro de muerte a alguna persona y causar la muerte de alguna persona", que estipula una pena máxima de 5 años. "Seguramente va a ser así", consideró.
El hecho
En el requerimiento de elevación a juicio se tuvo por probado que entre las 12.30 y 12.50 del 22 de marzo del 2012, 11 obreros trabajaban en altura en una obra con el hormigonado de una escalera ubicada debajo del tanque de agua.
Y al no tener la mezcla vertida, se produjo el derrumbe del encofrado del tanque con el hormigón bombeado dentro de él, provocando la muerte de 8 personas que cayeron al vacío.
El fiscal consideró que el hecho se produjo por graves fallas en la supervisión y control en el armado del encofrado que resultó defectuoso por insuficiencia de sus apuntalamientos.