El semblante de Mario Luciano González ensayó una sonrisa, que su blanco bigote exageraba, mientras se retiraba de la sala de debates estrechando las manos de la jueza y los dos jueces del Tribunal Oral Penal Nº 1 (TOP1) y ante la mirada rencorosa de un imputado. El contador público -autor de la pericial clave de la denominada Causa Publicidad- culminó ayer su testimonial tras comparecer en seis audiencias (12, 16, 17, 18, 19 y 20) del juicio al ex gobernador Arturo Alejandro Colombi (2005-09) por presuntos delitos cometido a través del pago de pauta oficial entre enero de 2007 y octubre de 2009. González habló poco más de una hora.

 

La declaración estuvo centrada en el punto 9 de su pesquisa, atinente a Negocios Correntinos: la empresa de Hernán González Moreno (muerto el 2 de octubre de 2009, tres días antes del balotaje entre los primos Arturo y Ricardo Colombi). Y también a otro empresa de periodística (Mega Producciones) y a un particular (María Dolores Morales) que -según concluyó- durante el período investigado subsistieron gracias a los recursos económicos proporcionados por el estado vía Secretaria General de la Gobernación (el área que autoriza los pagos). “Había medios que dependían totalmente del estado”, afirmó el perito y abundó: “En el caso de Negocios Correntinos el 98 por ciento de su facturación correspondía a la Secretaría General de la Gobernación”. El testigo experto explicó que para arribar a su dictamen examinó una muestra de 1.036 expedientes de publicidad (sobre un total de 12.141), los que fueron comprados con informes del Sistema de Información Financiera de la Contaduría General de la Provincia.

 

En el caso de la empresa de González Moreno, también se tuvo en cuenta el “libro de ventas con IVA”, proporcionados por el estudio que administraba sus cuentas. De la disquisición (hecha en 2010) surgió que la primera factura de pago a Negocios Correntinos data del 26 de marzo de 2008 (tres meses después de iniciadas sus operaciones en el mercado) y fue por un contrato de publicidad con la Secretaría General de la Gobernación (entonces a cargo de Carlos Emir Fagúndez, uno de los encartados).

 

Las siguientes 49 hojas del talonario también. Según la Fiscalía, “la Agencia facturó al estado provincial en 2008: $1.207.999,68 y en 2009 $1.700.652,80”.