La vicepresidenta expuso los argumentos para reclamar el apartamiento de la magistrada del caso. “En la investigación hubo un cúmulo de irregularidades”, expresó.


Los representantes legales de Cristina Kirchner en la causa por el atentado, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal hicieron efectivo el pedido de recusación de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo de la investigación sobre el intento de asesinato en Recoleta.

“Comparto la recusación a la Jueza Capuchetti en la causa del atentado contra mi vida, el 1 de septiembre pasado. A partir de la página 7 se detallan sus irregularidades y arbitrariedades, desde el primer día, cuando se borró el celular de Sabag Montiel”, tuiteó la Vicepresidenta en horas de la tarde.

En el escrito presentado, los letrados alegan que hubo un “cúmulo de irregularidades que han hecho que nuestra poderdante pierda la confianza en la magistrada interviniente”.

Según los abogados de la Vicepresidenta, hubo “actuaciones, como mínimo, negligentes” por parte de Capuchetti.

Los mismos sostuvieron que “a casi dos meses y medio del atentado, una serie de resoluciones netamente arbitrarias y la total parálisis investigativa nos han convencido de una manifiesta parcialidad contra esta parte”.

También manifestaron que las pruebas que solicitaron, en su enorme mayoría, han sido “rechazadas, o realizadas o llevadas a cabo tarde, cuando su eficacia dependía de la celeridad”.

Añadieron que la magistrada no delegó la instrucción, pero tampoco “impulsó una sola línea investigativa, no realizó preguntas a los testigos y bloqueó toda hipótesis que vaya más allá de Brenda Uliarte, Fernando André Sabag Montiel y Gabriel Nicolás Carrizo. Esto, aun cuando hay numerosa prueba que señala otros caminos”.

Ante estos argumentos desarrollados, los abogados manifestaron que no se trata de “una causal sobreviniente”, sino ante “un sinfín de actitudes de la magistrada que no nos dejan otra alternativa que recusarla”.

“Su apartamiento no solo tiene que ver con los derechos de esta querella, sino que es imperante para que la sociedad argentina conozca la verdad acerca de lo sucedido. Ya nos hemos cansado de vivir en la incertidumbre debido a la impericia o, directamente, el accionar delictivo de la justicia”, sostuvieron.
Es por ello que consideraron que el motivo que habilita la recusación a la jueza es “la falta de imparcialidad”.
“La investigación, sus irregularidades y sus arbitrariedades”

Entre uno de los argumentos que mencionan sobre las irregularidades en la investigación, hablan del celular de Sabag Montiel. “Cuando el dispositivo llegó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el sobre (que según el artículo 233 CPPN debe estar cerrado y con firma del juez y del secretario) estaba abierto”, manifestaron y resaltaron que lo más grave fue que estaba “reseteado a cero”.
Ante esto, remarcaron que “nunca se supo que pasó” y que “el juzgado no hizo nada por aclararlo”. También señalaron la tardanza en la intervención en el teléfono de Uliarte y la demora en su detención.

Asimismo criticaron la investigación sobre la custodia vicepresidencial y la falta de análisis sobre la Policía Federal. “Cuando esta fuerza ya había destruido gran parte de las posibilidades de éxito de la investigación, la apartó de la instrucción”, señalaron.
Ubeira y Aldazábal cuestionaron los informes que la magistrada enviaba a la prensa y la acusaron de filtrar información valiosa para la investigación.
La querella también avanzó en sus cuestionamientos sobre la pista que vinculaba a Hernan Carroll de la Nueva Centro Derecha, con los detenidos y luego sobre la punta “Casablanca” con el diputado del PRO Gerardo Milman como un sospechoso. “Recién cuando la PSA identificó a las dos asesoras de Milman, y otra vez ante una filtración en la causa, Capuchetti no tuvo otra alternativa que actuar. Fue entonces cuando llamó a declarar a Carolina Gómez Mónaco y a Ivana Bohdziewicz, a quienes debería haber convocado un mes antes y a quienes debería haberles secuestrado los celulares ni bien conoció su identidad. A la jueza no le importó que le mientan en la cara”, dijeron.

Para los abogados “había una multiplicidad de elementos que apuntaban a Milman, y no solo el testimonio de (José) Abello -el asesor que dijo haber oído a Milman diciendo ‘cuando la maten voy a estar en viaje a la costa’, dos días antes del atentado-. Es relevante notar que lo que esta parte pidió fue, simplemente, el secuestro de los celulares de sus asesoras; no una detención, ni una indagatoria. Solo pedimos que se investigue. Pero no. Parece que en los procesos penales la certeza ya no es necesaria para la condena, sino para llevar a cabo la más mínima medida de prueba”.

La querella acusó a la jueza de “mentir” al decir que no se había fundado el pedido de esa parte y cuestionó que por una presentación de Milman se abriera una causa para investigar por falso testimonio a Abello.
La línea vinculada con el financiamiento fue otro punto señalado. Para la querella, hay una posibilidad que el intento de magnicidio haya estado financiado.
Para finalizar el escrito, se posaron sobre el perfil de la Capuchetti: “Así, en las últimas horas, nos dimos de bruces con que la jueza visitaba regularmente la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri”.

“Como si esto fuera poco, el trabajo de la Comisión Bicameral de Inteligencia mostró que la hermana de Capuchetti trabajó en escuchas en la dirección de Contrainteligencia durante el espionaje ilegal al kirchnerismo”, siguieron.
En el final, la querella sostuvo: “Capuchetti ha actuado durante el proceso de forma totalmente reticente a investigar cualquier línea que involucre gente que vaya más allá de Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo. Ante las pruebas presentadas por esta parte, la jueza o no actúa, o actúa tarde”.
Para los abogados, “nunca reclamó los refuerzos de personal que la Corte no le dio, con el argumento de que su juzgado podía afrontar la investigación” y expresaron que “así, es imposible seguir”. “Estamos ante una de las causas más relevantes de nuestra historia democrática, y necesitamos que la investigación esté liderada por alguien voluntarioso/a y que las decisiones las tome un/a juez/a imparcial, comprometido/a con la verdad y la justicia, y no con no molestar a quienes no hay que molestar”, concluyeron.