Los familiares de las víctimas de la tragedia aérea que involucró al plantel Chapecoense pordrían quedarse sin indemnización.

 

Los familiares de las víctimas de la tragedia aérea que protagonizó el plantel brasileño Chapecoense podrían quedarse sin indemnización dado que la compañía de seguros analiza desligarse de toda responsabilidad si la justicia comprueba que hubo negligencia del piloto.



En tanto, la aerolínea boliviana Lamia todavía no tramitó el pago del seguro, porque existen documentos claves que están bajo control de la Fiscalía de Bolivia.



La aseguradora Bisa solicitó documentación a la empresa de aviación para abonar los pertinentes seguros a los familiares de fallecidos y los seis sobrevivientes del accidente que se produjo cuando la máquina chocó contra el Cerro Gordo, por falta de combustible para continuar volando.



Jerjes Justiniano, abogado de Gustavo Vargas, gerente de Lamia, comentó que "el dinero está retenido", de acuerdo a lo publicado por el diario El Deber, de Santa Cruz de la Sierra.

 

Tras el accidente del vuelo 2933, del pasado lunes 28 de noviembre, la licencia de vuelo de la empresa fue suspendida por el gobierno boliviano.

 

La aeronave estaba asegurada por 25 millones de dólares, según la compañía boliviana y, por cada fallecido debería cobrar hasta 165.000 dólares, según Lamia.

 

"Sé que en una o dos semanas la Fiscalía va a desprecintar la empresa, eso nos va a permitir que la misma cumpla con el pedido de la aseguradora", señaló el letrado.



Una investigación de las autoridades aeronáuticas colombianas estableció que la nave tenía una reserva de combustible limitada para cubrir la ruta entre Santa Cruz de la Sierra y el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, que es cercano a la ciudad de Medellín. 



Se conoció además que la póliza que firmó con la aseguradora Tokio Marine Kiln tiene un valor de apenas 25 millones de dólares, valor irrisorio si se compara con los -al menos- 750 millones que debería tener una empresa del tamaño de Lamia.

 

El gobierno boliviano asumió la existencia de testaferros, pues señaló que se tuvo que acreditar un mínimo de 5 millones de dólares en bienes, pero el piloto Miguel Quiroga, uno de los propietarios de la empresa, carecía de propiedades.

 

La Administración boliviana anunció también un proceso contra Marcelo Chavez, el director de Aasana, la empresa estatal aeroportuaria.