Después de un plenario por zoom, la Corte Suprema decidió pedirle opinión a la Procuración General sobre el planteo que hizo Horacio Rodríguez Larreta para que se declare la inconstitucionalidad del artículo 2 del DNU 241 que suspendió la presencialidad en las aulas por quince días, hasta el 30 de abril, en el AMBA. Le dio un plazo de 72 horas para que se pronuncie y, a la vez, rechazó un pedido del Estado Nacional para convocar a la provincia de Buenos Aires como parte implicada en la medida. Todo hace suponer por los tiempos estipulados y lo que se conversa en algunos despachos, que el tribunal dará a conocer alguna sentencia cuando estén por terminar las dos semanas y el gobierno anuncie un nuevo esquema de restricciones. No parece haber ánimo en entre lxs supremxs de propiciar un "ganador" categórico en el pleito, sino de ponerse por encima como árbitros máximos de un asunto político que terminó judicializado, pero que requiere ante decisiones futuras una definición guía sobre la validez de los decretos del gobierno federal en el contexto de emergencia sanitaria y pandemia y el alcance de las disposiciones de los gobiernos locales.
La procuradora ante la Corte, Laura Monti, ya venía trabajando en el dictamen que elevará al tribunal, que no es vinculante, pero que es requerido ante casos que tienen impacto político e institucional. En el escalón previo a la decisión de fondo, que se avecina, Monti había opinado a favor de la "competencia originaria" del alto tribunal, que éste aceptó con la disidencia de Elena Highton de Nolasco que no participa en este debate porque no es partidaria de equiparar con una provincia a la Ciudad de Buenos Aires en los pleitos judiciales. Entre los cuatro supremos restantes no parece haber uniformidad total de criterios aunque estarían dispuestos en hacer converger sus argumentos en una solución común. El camino más lógico, en función de las discusiones internas, apuntaría a contemplar que el Estado nacional y la Ciudad de Buenos Aires (CABA) tienen facultades y competencias "concurrentes", por ejemplo, en materia de salud pública y educación. En ese esquema se puede reconocer la autonomía de CABA sin que implique invalidar decisiones de interés federal, como un DNU que pretende contener las consecuencias de la "segundad ola" de covid-19 con medidas precisas en las jurisdicciones donde se concentra la mayor y más veloz proporción de contagios.
El planteo judicial de Larreta dice que el artículo 2 del DNU 241 es inconstitucional, que suspendió las clases presenciales sin criterio empírico, que es arbitrario porque solo responde a la voluntad del Poder Ejecutivo, que viola el principio de igualdad respecto de otras provincias y que es una intervención federal que afecta la autonomía de la ciudad al arrogarse competencias locales en salud y educación. La presentación se enfocaba en la teoría de que en las aulas es bajo el nivel de contagios.
El Estado nacional presentó su descargo el lunes a la noche en 113 carillas que incluyen los fundamentos jurídicos elaborados en la Procuración del Tesoro, y datos del Ministerio de Salud y un informe de la Dirección de Estadísticas. El primera dato es que la tasa de incidencias acumulada es de 5376 casos cada 100.000 habitantes; se registran 1287 fallecimientos por cada millón de habitantes. Más del 50 por ciento de los nuevos contagios se registran en el AMBA. El gobierno nacional alega que tomó medidas restrictivas temporarias y focalizadas respecto de ciertas actividades y la circulación de personas para disminuir la velocidad en el incremento de contagios. A mayor circulación, más transmisión del virus, insisten. El problema no es dentro de las aulas. El reporte también señala que hubo un incremento de contagios en la franja de 6 a 17 años si se comparan las semanas 1 a 4 del año (con el 5,3 por ciento) y las semanas 12 a 14 (7,3 por ciento). Las dos semanas previas al decreto, enfatiza, hubo un aumento abrupto de casos. La "primera ola" tuvo su pico de contagios el 19 de octubre de 2020 con 16.451 casos; el nuevo pico, que superó al anterior, se dio este mes. El numero de referencia del 5 de abril fue de 22.897 (hoy son 25.495). Las nuevas cepas agravan la contagiosidad.
La presentación dice que el Estado debe velar por el derecho a la salud y a la vida así como a la educación, pero que este último no quedó afectado (se dictan clases por vía remota) frente al máximo nivel de protección que requieren los primeros. La colisión e derechos no es tal. Que comparte el criterio de que la suspensión de la presencialidad en las aulas debe durar el menor tiempo posible, pero que el gobierno porteño tiene una mirada "negacionista de las realidad y de la grave situación que representa la pandemia". De lo que se trata, explican, es de "compatibilizar" los derechos en juego. Las medidas elegidas toman también como referencia a otros países (Uruguay, Chile, México, Francia, Italia, España, Reino Unido, Irlanda del Norte, Israel, Bélgica, Suiza).
Los planteos jurídicos fueron anticipados por Página/12. El gobierno considera que el DNU es válido; en un contexto de emergencia sanitaria y pandemia que atraviesa un agravamiento, es razonable y oportuno. Fue respaldado por la comisión bicameral del Congreso. Las distintas jurisdicciones pueden tener competencias concurrentes. Pero si existe un interés federal y un problema interjurisdiccional, como lo es una pandemia, y los criterios nacional y local son distintos, prevalece el primero. Se admite su coexistencia siempre que las disposiciones locales no afecten a las nacionales. El Estado nacional tiene "poder de policía en materia sanitaria" que le otorga la Constitución. Las pruebas que entregó la CABA no sirven, son un glosario de páginas institucionales bajadas de internet, dice el gobierno. Subraya, además, que Rodríguez Larreta consintió todos los DNU durante 2020 con medidas sanitarias incluso mucho más rigurosas en momentos de menos contagios, lo que implica "mala fe", según la "doctrina de los actos propios". El escrito alude a la "finalidad electoralista" del jefe de gobierno porteño.