La Canasta Básica Alimentaria que releva el Indec y fija el piso para escapar de la indigencia trepó en julio un 70,6 por ciento interanual. Qué medidas se pueden aplicar para atenuar el impacto sobre las clases populares.

Paliativos y medidas de fondo

Por Paula Malinauskas (*)
Los argentinos convivimos con regímenes de inflación elevada mucho antes de que estalle la pandemia y se disparen los precios también a nivel internacional. De esta manera, no aparece como una sorpresa que a la renuncia de Martín Guzmán lo primero que hayan seguido fueran pronósticos de cuál sería la cifra de inflación para el mes de julio, ni que la inestabilidad política tenga su correlato directo en expectativas de subas de precios y devaluación, que son finalmente confirmadas casi como una profecía autocumplida cuando se da a conocer el dato de inflación de julio que efectivamente terminó siendo del 7,4 por ciento mensual, traducido en una inflación interanual del 70,8 por ciento.

Preocupa especialmente entonces que en julio la inflación en alimentos haya sido del 6 por ciento mensual (y del 70,4 por ciento anual), y que la cifra de la canasta básica alimentaria ascienda ya a los 49.466 pesos para una familia tipo de cuatro integrantes. Para agosto, el relevamiento de precios de alimentos y bebidas de LCG anticipa una inflación acumulada en las primeras 3 semanas del mes del 5 por ciento. Esto se conjuga con una situación alarmante en el marco del poder adquisitivo, considerando que el nivel general de salarios publicado por el Indec en junio cayó un 1,4 por ciento real comparado contra diciembre. La consecuencia evidente de este panorama es una posible profundización de las desigualdades y la pobreza, considerando que a quienes más impacta la suba de precios de alimentos es a los sectores que gastan mayor proporción de sus ingresos en comida, es decir, los más vulnerables.

Cabe mencionar entonces qué eventos contribuyeron a esta situación. Para empezar, no podemos ignorar la situación internacional, con una escalada de precios que no se observaba hace cuatro décadas, por ejemplo, en Estados Unidos, que tuvo una suba de precios de alimentos del 10,5 por ciento anual en julio. A nivel mundial, de acuerdo con el informe de la FAO de Naciones Unidas, los precios de los alimentos aumentaron más del 5 por ciento en lo que va del año (13,1 por ciento interanual en julio). Esto se explica en parte como subproducto de la guerra entre Rusia y Ucrania, que provocó subas internacionales en los precios de alimentos y energía. Esto provocó un cambio no solo en la tasa de inflación, sino en el nivel de precios de alimentos que se ubica en un escalón más elevado. En una situación donde se permitiese una devaluación de la moneda, o hubiera mayor beneficio para los sectores exportadores, podría causar un efecto ingreso positivo, que en Argentina no pudimos aún apreciar dadas las condiciones.

La coyuntura de nuestro país aporta mucho en la dinámica inflacionaria, la mayor inercia, incertidumbre política, cambios de gabinete, rumbo y reglas constante no puede ser tomada como un factor menor al momento de analizar la situación actual. La construcción de credibilidad que pueda generar el plan económico y político es condición sine qua non para frenar el alza de precios de alimentos, el punto de partida sobre el cual empezar a dialogar cuál es la mejor vía en el plano económico para contener la inercia inflacionaria. Hoy en día, según el relevamiento de LCG, esta misma dinámica inercial es la que lleva a todos los productos que se encuentran en nuestra canasta de alimentos a remarcar los precios al menos una vez al mes (cuando hace “no tanto” -hasta abril- esta dinámica era de más de mes y medio). Mientras que el resto del mundo parece estar encontrando la forma de controlar estos shocks transitorios, lo que se traduce en una moderación de la inflación a partir del mes pasado, cabe preguntarse si Argentina podrá esta vez evitar volver un shock transitorio en permanente.

Partiendo de la base de que generar cierta estabilidad y credibilidad política es condición necesaria para que funcione cualquier plan de estabilización, podría plantearse una política que permita corregir precios relativos y, a partir de una base donde no estén atrasados unos con respecto de los otros, se podría pensar en una política de congelamiento de precios. Sin embargo, por más contraintuitivo que suene, la corrección de precios relativos suele ser aún más compleja en regímenes de inflación alta como el argentino actual, que, en hiperinflaciones, por ejemplo, planteando una tarea complicada. Además, sería necesario mantener una política monetaria de tasas de interés reales positivas, que se transmita a depósitos para descomprimir el frente cambiario, achicando la brecha y presión sobre el tipo de cambio oficial. De todas formas, estas son políticas de carácter más bien paliativo, que no podrán subsistir en el tiempo si no se le suman las medidas estructurales de mejora del déficit fiscal, que debería conducir a un menor nivel de emisión.

No sos vos, son los precios

Por Isaac Rudnik (**) y Noelia Acosta (***)

El pasado 18 de agosto el Indec dio a conocer cuales fueron en julio los valores de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) en todo el país. Según este organismo el valor de la CBA fue de 49.466 pesos y de la CBT de 111.298 pesos. En el Gran Buenos Aires durante julio de 2022, la variación mensual de la CBA con respecto a junio de 2022 fue de 6,3 por ciento, mientras que la variación de la CBT fue de 6,8 por ciento y las variaciones interanuales de la CBA y de la CBT resultaron del 70,6 y 64,7 por ciento, respectivamente.

Ahora bien, de acuerdo al relevamiento de los 57 productos de la CBA que realizamos mensualmente hace más de 10 años desde el Índice Barrial de Precios (IBP) en 900 comercios de cercanía de barrios populares ubicados en 20 distritos del conurbano bonaerense, durante julio el incremento mensual de los precios fue del 11 por ciento.

Así, una familia de dos personas adultas y dos peques en junio precisaba 45.404,21 pesos para comprar sus alimentos indispensables, un mes más tarde requirió 50.411,85 pesos (o sea 11,03 por ciento más) para adquirir los mismos productos y evitar caer por debajo de la línea de indigencia. La misma familia, necesitó 112.922,54 pesos (11 por ciento más) para cubrir su CBT y no ser pobre.

Más allá que en números la diferencia no es sustancial, vemos que sí la variación de un mes a otro es mayor en los barrios populares. Esto que sucede no es novedad, ya que en los barrios las medidas de controles de precios y la de “precios cuidados” son casi nulas.

Si a esto le sumamos los insuficientes aumentos en salarios y programas de transferencia de ingresos, sobre todo para los trabajadores informales, vemos claramente que esta situación económica golpea más fuertemente a los sectores más vulnerables.

¿Cómo combatir la inflación?

Todos y todas sabemos y decimos que hay que detener urgentemente el impulso inflacionario (motivado por múltiples causas difíciles de abordar simultáneamente); pero no puede buscarse ese objetivo frenando la actividad económica y achicando el déficit fiscal mediante la reducción del gasto del Estado.

Por el contrario, el déficit en las cuentas del Estado hay reducirlo mediante el incremento de la recaudación, imponiendo más contribuciones tributarias a los sectores económicos que vienen acrecentando sus ya fuertes ganancias.

Por eso, coincidimos con muchos analistas en que la inflación es multicausal y por eso mismo estimamos imprescindible tomar otras medidas más allá del control de precios, como ser:

-Se debe abandonar el acuerdo con el FMI y sus exigencias.

-Reprogramar el pago de la enorme deuda en pesos que se ha contraído, llevándolo a dentro de dos años para aliviar el déficit financiero del Estado, que es parte fundamental del déficit fiscal.

-Hay que obligar con instrumentos legales a que se exporte ya la cosecha de soja para aliviar el sector externo, so pena de expropiar el grano (si fuera necesario).

-Tiene que implementarse rápidamente el impuesto a la Renta Inesperada, para fortalecer las arcas del Estado. Paralelamente y con el mismo objetivo, subir las retenciones agropecuarias mientras persistan los altos precios internacionales.

-Congelar los precios de la canasta básica de alimentos mientras dure esta situación, para no afectar más todavía los bolsillos populares. En la misma dirección, no aumentar las tarifas del gas y de la luz por el período de un año.

-Impedir que haya un mayor deterioro del que ya tenemos de los salarios, las jubilaciones y pensiones, la AUH y de los distintos programas de transferencias de ingresos.

(**) Director Nacional del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI).
(***) Abogada y coordinadora del área de prensa del ISEPCI.