Se consideran un equipo infranqueable, tomaron nota de la experiencia de los Estados Unidos, y conforman un grupo de 30 personas donde conviven especialistas en seguridad, informáticos, psicólogos, contadores de finanzas internacionales y médicos toxicológicos. Todo esto forma parte del equipo especial anticorrupción que armó el Ministerio de Seguridad para controlar los 96.700 agentes de la Policía Federal, la Prefectura, Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

 

Creado por resolución interna, este grupo integra el sistema de protección administrativa del personal de fuerzas de seguridad y ya lleva varios meses trabajando en sigilo bajo las ordenes de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Así, se empezó a hacer una depuración interna de policías y uniformados de diversas fuerzas salpicados por casos de corrupción o conductas indebidas.

 

El caballito de batalla de este grupo es la puesta en marcha de un innovador sistema especial de protección interna de testigos de las fuerzas de seguridad. Se trata del mecanismo denominado "Whistleblower Protection" (algo así como protección al soplón), tomado de los Estados Unidos, donde los agentes de seguridad pueden confiar en un programa de denuncias reservadas con protección de los testigos dispuestos a delatar a sus superiores en casos de corrupción interna. Este mecanismo prevé la protección del denunciante, la apertura de una investigación interna, la puesta a disponibilidad del acusado en caso de comprobarse los datos aportados, y la presentación en paralelo al sumario interno de una denuncia penal.



La Dirección de Control de Identidad le asegura a los agentes denunciantes no sólo la total reserva de su identidad, sino la puesta en práctica de todas las herramientas de investigación disponibles en caso de que haya datos fehacientes hacia un acusado.