Las dos principales fuentes de ingresos del Estado Nacional son impuestos al consumo o al trabajo e impactan proporcionalmente más en los sectores de menores ingresos.

No hay evidencia en la historia económica que muestre que una sociedad logró mejorar su nivel de desarrollo sin un Estado eficaz que fuera capaz de cumplir el rol que esa comunidad demandaba. Los problemas económicos que los argentinos no hemos podido resolver en los últimos años ponen naturalmente al Estado en el centro de la escena.

Hay muchas formas de evaluar el desempeño del Estado. Una es el análisis de la progresividad o regresividad de la política fiscal. Esto tiene dos planos de análisis: ¿Cómo obtiene el Estado los recursos necesarios para llevar adelante sus políticas?, ¿Cómo gasta el Estado dicho recursos?

La recaudación de nuestro Estado muestra rasgos muy regresivos. Las dos principales fuentes de ingresos del Estado Nacional son impuestos al consumo o al trabajo. Ambos tipos de impuestos impactan proporcionalmente más en los sectores de menores ingresos. La unidad económica que proporcionalmente más impuestos paga en nuestro país es el empleado formal. Este paga en proporción más impuestos que cualquier sociedad anónima. El mayor recurso provincial es el impuesto a los ingresos brutos, otro impuesto al consumo que encima distorsiona la estructura de la industria fomentando la concentración, cuando el país necesita exactamente lo contrario. Así, a la regresividad, en muchos casos le agregamos ineficiencia.

Mucho se habla de la presión tributaria de nuestro país, que está en torno del 42 por ciento del PBI. Muchos países desarrollados presentan mayor presión tributaria que nosotros, la diferencia con ellos es que esa presión se ejerce de manera menos regresiva y el Estado presta bienes y servicios de mejor calidad. Nuestro problema no es la presión tributaria en sí misma, sino la combinación de altos impuestos (muchos de ellos regresivos) con baja calidad del gasto.

Pero debemos agregar un elemento más: buena parte del gasto tiene un sesgo regresivo, es decir es pro-ricos. Ese sesgo lo encontramos en los subsidios a la energía, hoy en el ojo de la tormenta. Dichos subsidios al no estar focalizados benefician más a los sectores de mayores ingresos de nuestra sociedad.

Así, el Estado destina recursos que no logra cubrir con impuestos (por eso tiene déficit) y para los cuales no consigue financiación genuina (por eso emite) para en parte darle subsidios a quienes no los necesitan. Hoy eliminar subsidios a la Hood Robin, no solo representa una medida de estricta justicia distributiva, sino que evita presiones inflacionarias por la menor necesidad de emisión monetaria. Una de las medidas más progresistas que podría tomar el Estado Nacional sería quitarle subsidios a quienes no lo necesiten.

Pero existe otro plano sobre el cual menos se hace foco: la baja calidad del gasto público. Ciertos sectores de la sociedad en lugar de reposar sobre bienes y servicios brindados por el Estado hacen el esfuerzo económico de contratarlos de manera privada. No hay muestra más clara de la desconfianza de la sociedad respecto de la calidad de los bienes provistos por el Estado que ver a sectores de bajos recursos contratando de manera privada los bienes y/o servicios que el Estado ofrece de manera no arancelada.

¿Cuánto del ingreso mensual de una familia tipo se liberaría para otros usos si sus hijos fueran a la escuela pública? ¿Cuántos si confiaran en el sistema de salud pública? ¿Cómo cambiaría el poder adquisitivo de los jubilados si nadie tuviera que contratar una prepaga para complementar o sustituir los servicios prestados por el PAMI?

La mejor y más poderosa “reforma fiscal” sería que los sectores de menores dejaran de utilizar bienes contratados en el sector privado y pudieran confiar en los bienes y servicios brindados por el Estado. Para lograrlo debemos alejarnos del facilismo de creer que cualquier sociedad puede funcionar sin Estado, debemos entender que la discusión sobre si el Estado debe ser más grande o más chico es relevante, pero que por encima de todo y antes de cualquier otro análisis debemos empezar por lo básico: que el Estado sea eficaz.

(*) Director de la Licenciatura en Economía en UNSAM.

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Estructura injusta

Por Eugenia Rodríguez (**)

La discusión sobre la cantidad de impuestos que existen en el país volvió a estar en el centro de la escena mediática a partir de la difusión de un listado “completo” con los “164 impuestos” que cobra el Estado nacional. Frente a dicha información, presentada como verdad revelada, cabe analizar ¿qué se dice y qué se esconde al momento de abordar la cuestión tributaria?

En primer lugar, a fin de despejar dudas y aportar al debate público, vale decir que solo el 36,6 por ciento del total de ese listado corresponde a impuestos, es decir que, más del 60 por ciento están erróneamente presentados como tal, ya que refieren a tasas, derechos y contribuciones, tributos que a diferencia de los impuestos implican una contraprestación de servicio por parte del Estado. Dos ejemplos sencillos son la Tasa por Alumbrado Público y el Derecho de Cementerio.

El listado que en teoría detalla “uno por uno” los impuestos que “agobian” a las y los argentinos, se publicó en base a un informe de tributos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) que medios y dirigentes políticos replicaron como si todos fueran impuestos. Al leer en detalle la extensa enumeración se detecta que se incluyen conceptos como el Aporte Extraordinario de Grandes Fortunas, que fue por única vez, cánones por concesiones públicas, y fondos -como el Fondo de Emergencia por Covid- que se pagan con impuestos ya existentes.

En la misma línea, se observa que se incluyen hasta los aportes de los trabajadores y las contribuciones patronales, cuando se trata de la financiación del Sistema de Seguridad Social de carácter solidario e intergeneracional, al igual que aparece el Régimen de Trabajadoras de Casas Particulares y el de Autónomos. Se suma a esto, la duplicación de conceptos como el caso del Impuesto a las Ganancias, que aparece dos veces: como ganancias a las sociedades y a las personas físicas. Además, hay que resaltar, que es imposible que una persona humana o empresa pague de por sí la totalidad de esos impuestos.

Aclarados los datos, ¿qué es lo que no se muestra en ese listado? Las verdaderas fuentes de financiamiento del sistema: solo cinco impuestos explican el 92 por ciento de la recaudación nacional. Se trata del IVA (37 por ciento), el Impuesto a las Ganancias (27), el Impuesto a los débitos y créditos (8,5), Combustibles (4) y los recursos aduaneros (15 por ciento).

Más allá de la cantidad de impuestos vigentes, una de las discusiones centrales que hay que dar tiene que ver con la carga impositiva que generan. Al comparar con otros países, y según datos de la OCDE, la presión tributaria en Argentina es del 28,6 por ciento, en línea con el promedio de América del Sur y muy por debajo de países desarrollados (Alemania, 38,3 por ciento; España, 36,6; Italia, 42,9, Francia, 45,4, Dinamarca, 46,5, el promedio de Europa, 40,4 y el promedio de OCDE, 33,8 por ciento. A nivel regional, los datos a 2021 muestran que el país se encuentra también por debajo de los valores de Brasil y Uruguay (33,1 y 29 por ciento, respectivamente).

En relación, la otra discusión principal tiene que ver con el problema de fondo que se evita abordar: la estructura tributaria vigente es injusta en tanto el peso de la recaudación recae más sobre los que menos tienen. En un trabajo realizado por CEPA en conjunto con la Fundación Friedrich Ebert se analizó la estructura tributaria argentina y la incidencia de los impuestos regresivos en comparación con otros países de América Latina y Europa. Según los datos recabados, en nuestro país los impuestos a los que más tienen o más ganan sólo explicaban un 38,8 por ciento de la recaudación total en 2019, por debajo de Uruguay (43,3 por ciento), Chile (44,3), Reino Unido (46,7), España (53,1), Alemania (53,9), Francia (59,4) y Dinamarca (68,7 por ciento).

Los impuestos son una herramienta clave para la recaudación fiscal porque permiten contar con recursos para desarrollar políticas públicas que achiquen las brechas de desigualdad. En el contexto actual, donde se discute un aporte especial por parte de quienes fugaron dinero al exterior sin declarar, así como gravar las rentas inesperadas generadas por el conflicto bélico en Europa, no es casual que se busque instalar que existen demasiados impuestos, sin embargo se omite aclarar sobre los hombros de qué sectores caen la mayor parte de ellos y quienes, por el contrario, deberían hacer un mayor esfuerzo contributivo.