En un mismo día se confirmó la transformación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en subsecretaría y, mediante la Ley ómnibus que Javier Milei envió al Congreso, se propone acotar la ley Micaela y volver a conceptos como "violencia familiar" y "niños por nacer".

Hoy se terminó de confirmar la degradación del Ministerio de las Mujeres. Y se dejó asentado, mediante su publicación en el Boletín Oficial, el nuevo nombre: de ahora en adelante se va a llamar Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.



La transición en esta cartera -que fue uno de los blancos preferidos del ultraderechista Javier Milei durante su campaña- lleva un ritmo de desidia mucho más pausado que otros ministerios. Todavía no hay novedades de quiénes serán las autoridades a cargo ni qué va a pasar con todas sus áreas. Tampoco se sabe cómo se podrán llevar adelante sus programas considerando el recorte de presupuesto que implica su desjerarquización.



Además, también hoy, la Ley ómnibus -el paquete de normas con el que se pretende ajustar el Estado, declarar la emergencia pública y delegar las facultades legislativas en el Poder Ejecutivo por dos años-, que el Presidente envió al Congreso, enciende otras alarmas en materia de políticas de género. Una de ellas es la modificación de la Ley Micaela y otra, la incorporación de la figura del “niño por nacer” como sujeto de derechos.

Una lenta transición

Lo que quede del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad ahora dependerá de la cartera que dirige Sandra Pettovello, exvicedirectora de la UCD y licenciada en Ciencias de la Familia por la Universidad Austral, que es la persona al frente de las áreas más sensibles del Gobierno, reducidas. La degradación de ministerio a secretaría, con el correspondiente recorte presupuestario, está confirmada desde la semana pasada y ahora quedó oficializada con el decreto 86/2023, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.



A principios de la semana pasada, es decir a unos diez días de la asunción de Javier Milei, tuvo lugar el primer acercamiento para ordenar la transición, entre representantes del exMinisterio de las Mujeres, Géneros y Diversidad con las nuevas autoridades del Ministerio de Capital Humano. Desde la Junta Interna de ATE, que observan la transición en representación de las y los trabajadores, confirmaron que, según lo conversado entre las autoridades salientes y las nuevas, la intención de la gestión que desembarca es “mantener las áreas así como están, por lo pronto”. En esos intercambios la buena noticia -en contexto- fue que las nuevas autoridades prometieron la renovación los contratos de las trabajadoras por tres meses.

Modificación de la Ley Micaela

Si bien todavía no se sabe qué programas y políticas seguirán adelante, todo hace pensar que el enfoque de trabajo no tiene demasiadas chances de tomar distancia de la mirada antiderechos que expresa en general La Libertad Avanza como espacio político. Y hay un ejemplo que es muy ilustrativo en ese sentido: Una de las tantas tareas del Ministerio de las Mujeres, géneros y diversidad era llevar adelante las capacitaciones de la ley Micaela. Hoy, dentro del paquete de leyes de ajuste (con título simil a las Bases de Alberdi: "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos") que Javier Milei envió al Congreso, se incluye una propuesta de modificación de esa norma.



La ley Micaela fue promulgada en el año 2009 y establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante del Movimiento Evita, que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner.



Pero la propuesta para su modificación acotaría su rango de acción, ya que dice que “Se establece la capacitación obligatoria en la temática violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia.” Es decir, se destruye la función clave, al fin y al cabo, la gracia, de una ley que tenía como objetivo concientizar sobre violencia machista a funcionarios de los tres poderes alejados del tema.

Nomenclaturas antiderechos

Otra de las propuestas de la ley ómnibus que representa retrocesos en materia de políticas de género tiene que ver con la modificación de la Ley Mil Días, de acompañamiento en el cuidado de la salud de la primera infancia.



“La presente ley tiene por objeto fortalecer el cuidado integral de la salud de las madres en situación de vulnerabilidad y de los niños desde el momento de su concepción hasta los tres años”, dice el texto que incorpora la figura del “hijo por nacer” como sujeto de derechos. Y que cambia la denominación “persona gestante”, que se usa para incorporar a los varones trans, para hablar sólo de “mujer embarazada”.



Y además, todo el texto de la Ley ómnibus -incluida la modificación de la ley Micaela- establece una diferencia conceptual que no es menor: prioriza la expresión “violencia familiar y contra la mujer” por sobre el concepto de “violencia de género”. Es una diferencia política, de abordaje, que no sólo desdibuja la diversidad, sino que también retrocede décadas en la concepción de la violencia machista. Hablar de “violencia de género” implica que ésta puede ocurrir en distintos ámbitos (en el trabajo, en la vía pública, en los medios), no sólo en el universo doméstico. Y es también un modo de encubrir que es posible sobre la base de desigualdades estructurales.