La Justicia federal de Corrientes condenó hoy a penas de 8 a 20 años de prisión efectiva a diez integrantes de una banda acusada de tráfico de cocaína, en una causa en la que se utilizó una estancia de la localidad de Santo Tomé como centro de operaciones para la distribución de estupefacientes.

 

La causa comenzó en noviembre de 2013 cuando el entonces operativo Escudo Norte del Ministerio de Seguridad de la Nación realizó un allanamiento en una estancia de Santo Tomé, donde la Gendarmería secuestró 300 kilos de cocaína y tres aeronaves, al tiempo que se descubrió una pista clandestina de aterrizaje.

 

El Tribunal Oral Federal 5 de Corrientes capital dictó este martes por la tarde la sentencia que absolvió a una mujer y condenó a diez integrantes de la banda narco por los delitos de asociación ilícita para el transporte de estupefacientes.

 

Entre los condenados a 20 años de prisión efectiva, se encuentran María Hilda Calabrese, propietaria de la estancia denominada Santa María, y su pareja Florentino Dante Niemiz, además de Carlos Elías Pacheco, sentenciados como organizadores de la asociación ilícita.

 

En tanto, a 16 años de prisión efectiva fueron sentenciados William Hurtado Suárez, Edison Álvez Dzwieleski y Gabriel Pirro Mori, como partícipes de la asociación ilícita, dedicados al transporte de estupefaciente, delito agravado por la cantidad de la droga transportada.

 

Horacio Rubén Acosta y José Alberto Velazco, por su parte, recibieron la pena de 10 años de prisión, mientras que las condenas de 8 años recayeron sobre Carlos Alberto Pereira y Osvaldo Jorge Villán.

 

Antes de la sentencia, el Tribunal revocó todas las excarcelaciones y los sentenciados comenzarán a cumplir desde este martes sus respectivas condenas en distintos penales federales del país, por lo que las penas dictadas son de inmediato cumplimiento, informaron fuentes judiciales a NA.

 

Además, el mismo fallo condenatorio ordenó que se decomisen de inmediato todos los bienes muebles que se encuentren en la estancia Santa María, un campo de mil hectáreas que podría ser rematado por la Justicia federal si se mantiene firme la sentencia del tribunal correntino.

 

Con estas sentencias, los jueces del Tribunal, Víctor Alonso, Fermín Seroleni y Lucrecia Rojas, respondieron favorablemente al pedido del ministerio Público integrado por los fiscales Carlos Shaefer y Flavio Ferrini.

 

Una mujer, Noelia Rocío Britez, fue la única persona que recibió la absolución, por lo que quedó libre de culpa y cargo.