El fallo agrega la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública con la obra pública en Santa Cruz. La exmandataria fue absuelta por el delito de asociación ilícita.
El Tribunal Oral Federal 2 condenó esta martes a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública con la obra pública en Santa Cruz.
Además, los jueces condenaron a 6 años de prisión a Lázaro Báez por administración fraudulenta en la causa por la obra pública en Santa Cruz.
En el caso del exsecretario de Obras Públicas José López, la condena del TOF2 fue de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer
cargos públicas por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del erario público.
Por otra parte, el Tribunal absolvió a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, José López y Nelson Periotti del delito de asociación ilícita por el que habían sido acusados en el juicio por la obra pública en Santa Cruz.
Finalmente, el TOF 2 decidió absolver a Julio De Vido y a otros acusados, de acuerdo con el artículo 530 del código procesal de la Nación, en la investigación por la administración de la obra pública en Santa Cruz.
Tras las condenas, el juzgado ordenó el decomiso de algo más de 84 mil millones de pesos a los condenados en el juicio por la obra pública denominado "Vialidad", actualizados al momento en que quede firme el fallo.
La última audiencia
La última audiencia del juicio abrió puntual a las 9.30 luego del ingreso a la sala de los tres jueces, custodiados por policías asignados a la seguridad de Comodoro Py y sin formular declaraciones a la prensa.
El único que se manifestó al llegar al edificio en el ingreso habilitado por la calle Letonia fue el juez Gorini, quien consultado por radio Mitre solo ponderó que "el juicio se hizo y llegó a su fin".
Villafañe, un expresidente de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, quedó último en el cronograma para las palabras finales y le tocó hablar en el cierre del debate, algo que hizo a través de Zoom durante 40 minutos.
El exfuncionario, ahora jubilado, reclamó su absolución y negó haber cometido delitos al afirmar que "si hubiese tenido conocimiento de que esto que estábamos haciendo tenía algún viso de que fuese ilícito hubiese sido el primero en actuar inmediatamente para que no sucediera".
Los pedidos de la fiscalía
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron que se condene a 12 años de prisión a la expresidenta como supuesta jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta.
Para el empresario Lázaro Báez, la fiscalía reclamó también 12 años de prisión como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.
Además, solicitaron diez años de cárcel para el exministro de Planificación Julio De Vido y el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti, y seis años para Mauricio Collareda y Juan Villafañe, exfuncionarios del organismo.
Para Héctor Daruich y Raúl Pavesi, en tanto, requirió cinco años, y cuatro años para Abel Fatala y José Santibáñez.
En cuanto a Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de autoridad.
En el juicio oral se debatió el presunto direccionamiento del 80 por ciento de la obra pública nacional vial en Santa Cruz a favor de empresas de Báez entre 2003 y 2015, además de presuntos sobreprecios y falta de controles ante incumplimientos.
En la última audiencia de esta semana, la Vicepresidenta hizo uso de su derecho a hablar en sus palabras finales ante los jueces y sostuvo que el Tribunal es un "pelotón de fusilamiento" que tiene sentencia "escrita" por hechos "inexistentes", como parte de una "actividad disciplinadora" para "estigmatizar a un espacio político".
El juicio a lo largo de estos años
El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Báez comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.
A lo largo de más de tres años y medio, el Tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias donde se debatió la denuncia que presentó el extitular de Vialidad Nacional en el macrismo, Javier Iguacel, vinculada a irregularidades en 51 obras públicas viales adjudicadas a empresas de Báez en Santa Cruz.
Entre los testigos estuvieron el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía Sergio Massa y todos quienes como ellos ejercieron como jefes de Gabinete en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
También empresarios del rubro de la construcción vinculados a la obra pública como el primo del expresidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra y Juan Chediak.
Al término de la etapa testimonial, se dio inicio a los alegatos y una de las querellas, la de la Unidad de Información Financiera, no formuló acusación por entender que no hubo delito mientras que la Oficina Anticorrupción se retiró de ese rol en junio pasado.
La fiscalía alegó durante nueve jornadas, al término de las cuales concretó los pedidos de condena y de decomiso de más de 5.300 millones de pesos que consideró hubo de perjuicio económico".
Al momento del veredicto, los jueces deberán decidir también si hacen lugar a este pedido y a otro para investigar si las empresas Petersen, Thiele, Esuco S.A. y Equimac fueron parte de supuestas "maniobras" para simular competencia en las licitaciones de las que tomaba parte el grupo Báez.
Además el TOF2 deberá resolver planteos de nulidades de las defensas, entre ellas el uso como prueba de mensajes obtenidos del teléfono celular del ex secretario de Obra Pública José López en el marco de otra causa penal abierta en su contra.
En sus alegatos, las defensas de todos los imputados reclamaron la absolución por inexistencia de delito.