Los dos principales acusados por el doble crimen del diputado Héctor Olivares y su asesor Miguel Yadón, asesinados a tiros en mayo de 2019 en la plaza frente Congreso de la Nación fueron encontrados culpables por el delito de homicidio agravado por alevosía reiterado en dos ocasiones y portación de arma de guerra.

Los magistrados también condenaron a Luis Cano, un amigo de Fernández, por la tenencia de arma de guerra sin la debida autorización a dos años de prisión y a Miguel Navarro Fernández, padre Navarro Cádiz, le fijaron dos años y ocho meses de prisión por el delito de tenencia de arma de guerra sin la debida autorización. Además, decretaron la absolución de otras cinco personas.

Los fundamentos de la decisión se conocerán el próximo 4 de octubre.

"Quiero decirles que nunca quise lastimar a nadie, ni mucho menos matar a nadie. Les pido por favor a las familias que por favor me perdonen", señaló esta mañana Navarro Cádiz cuando tuvo la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras ante el tribunal.

La audiencia, tal como sucedió en la jornada inicial el 4 de agosto y durante los alegatos, fue transmitida en vivo por el canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación. Por los recaudos por la pandemia del coronavirus, el proceso se realizó de forma mixta, con algunas de las partes de manera presencial desde el Palacio de Tribunales y otras conectadas vía Zoom.

Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº9 leerán el veredicto este lunes por la tarde

Los dos principales imputados eran Navarro Cádiz, de 27 años, y su primo Juan Jesús Fernández, de 44, ambos integrantes de la comunidad gitana.

Si bien ese delito en el Código Penal se castiga con prisión perpetua, el fiscal había pedido esa pena sólo para Fernández, mientras que para Navarro Cádiz solicitó 45 años de reclusión: esto ocurre ya que Navarro Cádiz fue detenido en Uruguay y extraditado bajo determinadas condiciones del tratado entre ambos países, entre ellas, la imposibilidad de ser condenado a perpetua.

El fiscal descartó para este caso el agravante del "homicidio por placer" por el que la causa también había llegado elevada a juicio y que sí fue valorado por las querellas de las familias de Olivares y Yadón, representadas por las abogadas María Fernanda Prack y Mónica Mac Gaul, al pedir para ambos presuntos autores la pena de prisión perpetua.

"No habiéndose probado el motivo determinante de la actuación que llevaron a cabo Fernández y Navarro Cádiz, no puede asumirse que lo hicieron por placer", fundamentó el fiscal al cuestionar esa figura penal en su alegato.

El ataque a Olivares y Yadón ocurrió el 9 de mayo de 2019, cuando el diputado radical por La Rioja y su asesor salieron a hacer su caminata matutina habitual por la plaza del Congreso. A las 6:50, al pasar por segunda vez delante de un Volkswagen Vento que estaba estacionado detrás de un micro sobre Avenida de Mayo, entre Luis Sáenz Peña y Virrey Cevallos, les dispararon varias veces.

Yadón cayó muerto con tres balazos–uno en cuello, otro en axila y el tercero en la pelvis–, mientras que Olivares recibió un tiro en el abdomen que lo dejó herido de gravedad. Falleció tres días después.

"El homicidio no fue más ni menos que una práctica de tiro sobre dos blancos móviles indefensos, derivada del placer por desahogar el instinto de matar sin otro motivo que el de probar el arma y su mira láser", sostuvo la fiscal Estela Andrades en su requerimiento de elevación a juicio.

El primer día del juicio, Navarro Cádiz pidió perdón a las familias de las víctimas, confesó haber sido el tirador pero aclaró que su intención fue hacer un solo disparo hacia un ombú de la plaza y por error salió una ráfaga que alcanzó al diputado y su asesor.

Su defensor, Pablo Pierini, pidió que el tirador sea condenado pero por los delitos de doble homicidio culposo (sin intención), o al menos por homicidio con dolo eventual, con pena máxima de 25 años.

La defensa de Fernández, a cargo del abogado Oscar Moyano, en cambio, pidió la absolución al considerar que el hecho de que su cliente estuviera dentro del auto desde donde partieron los disparos homicidas, no implica que haya tenido ni la voluntad ni el dominio del hecho, porque el episodio lo sorprendió, duró cinco segundos y tuvo como único tirador a Navarro Cádiz.

Además de Fernández y Cádiz –ambos con prisión preventiva– hay otros siete imputados en la causa. La mayoría de ellos son familiares directos o allegados de los principales acusados del doble crimen, quienes llegaron en libertad al juicio. Están señalados por delitos menores como tenencia o suministro de armas.

Uno de los ellos es Felipe Quevedo, un comerciante de antigüedades de la ciudad de Tandil acusado de venderle a Cádiz la pistola del crimen sin los papeles reglamentarios. Justamente en la audiencia de este miércoles, su abogado pidió su absolución, en coincidencia con el fiscal Yapur.

El otro letrado defensor que alegó fue el representante de Luis Cano, un amigo de Fernández. En su caso, la noche del hecho estuvo bebiendo con él en las horas previas al ataque pero se fue a su casa cuando apareció Navarro Cádiz. Posteriormente, en el marco de la investigación, allanaron su vivienda, donde encontraron un revólver y quedó imputado por tenencia ilegal de armas.

La defensa de Cano también pidió la absolución al entender que se trataba de un arma que su cliente había heredado de su padre y que, por no haber hecho los papeles, correspondía en todo caso una sanción en el fuero contravencional de la ciudad.

Además de los cuatro mencionados, también llegaron imputados a esta instancia las hermanas María Rosa y María Argentina Cádiz Vargas, la madre y la tía de Navarro Cádiz, y Juan Jesús Fernández Cano, hijo de Fernández. A los tres se los acusó de haber participado del retiro del arma del auto de Fernández, en el garage de Mitre al 1444, y trasladarla hasta la casa de Navarro Cádiz donde se la secuestró. Todos permanecen en libertad.

Otra involucrada era la esposa de Cádiz, Rocío Michel Montoya, que había sido imputada por tenencia ilegal de armas, a raíz del secuestro en el allanamiento en su casa.

Por último, estaba Miguel Navarro Fernández. El padre Navarro Cádiz fue detenido en Concepción del Uruguay junto a su sobrino Fernández. Al inicio de la causa se investigó si también había estado dentro del auto al momento del hecho, pero luego esta hipótesis fue descartada. Está libre e imputado por tenencia ilegal de armas, secuestradas en el allanamiento de su domicilio.