Este jueves comenzó, en los Tribunales Federales de Rosario (Oroño al 900), mismo lugar donde desempeña desde hace años sus tareas, la audiencia imputativa al juez federal Marcelo Bailaque, a quien se lo investiga por distintos delitos en el marco de tres causas diferentes. ¿De qué delitos se acusa al histórico magistrado que lleva muhos años ejerciendo en la Justicia Federal de Rosario?
En una dilatada audiencia, que se extendió por más de cinco horas y que continuará este viernes, los fiscales Federico Reynares Solari, del Ministerio Públio Fiscal, Juan Argibay Molina, de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) y Matías Scilabra de Procunar (Procuraduría de Narcotráfico) expusieron los detalles de las investigaciones en tres diferentes causas en la que el magistrado estaría implicado con actos delictivos: por un lado, el manejo poco claro de fondos de la cooperativa portuaria de San Lorenzo y Puerto San Martín, que se encuentra intervenida, por otro, supuestas demoras y retención de expedientes en una causa por narcotráfico contra Esteban Lindor Alvarado (cuyo contador compartían), y por último, una causa que se originó en una denuncia anónima contra un empresario, que terminó muy perjudicado y, que se sospecha, tiene connivencia con personal de la Aduana y la ex Afip, hoy Arca (Agencia de Recaudación y Control Aduanero).
Los fondos de la cooperativa
La Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto San Martín fue intervenida en el año 2019, mismo año en que fue detenido su titular, Herme Juarez, por orden del juez federal de Campana, Adrián González Charvay. En ese momento, ese magistrado ordenó el bloqueo de mil millones de pesos (cerca de un millón de dólares) de la entidad. En ese momento, intervino el juez Bailaque, argumentando que se podía obtener una mejor tasa de interés por el dinero y lo direccionó a una mutual que integra, entre otros, el empresario Fernando Whpei.
El fiscal Reynares Solari apuntó que ese dinero debería haberse depositado en el Banco Nación o el Macro, ya que eran entidades reguladas por el Banco Central y no en una mutual. Además, los trabajadores portuarios habían presentado una recusación contra el magistrado, que él mismo rechazó, por la relación de amistad que tenía Bailaque con Whpei. «En la investigación pudimos comprobar que Bailaque viajó a Chile en abril de este año con Whpei. Claramente es amigo hasta el día de hoy» apuntó el fiscal en la audiencia y detalló: «Por otra parte el juez dijo que nunca negó ser amigo de Whpei ante requisitorias de otros jueces, una avivada judicial ya que sostuvo que hasta ese momento nadie se lo había preguntado».
Tu contador, mi contador
Otra de las causas que se le siguen al magistrado es la supuesta relación entre él y el jefe narco Esteban Lindo Alvarado, a quien investigaba. El hilo conductor de ese vínculo es el contador Gabriel Mizzau, que al mismo tiempo que le llevaba la contabilidad a Bailaque, hacía lo propio con Alvarado. De hecho, Mizzau es quien firmó todos los balances de las empresas del condenado jefe narco. Además, tal como detalló el fiscal Scialabra, de Procunar, mientras Mizzau era contador de Alvarado, el juez denegó varias medidas investigativas contra el capo narco, como las intervenciones telefónicas a Rosa Capuano, su esposa.
Cabe aclarar que, antes de comenzar con la acusación contra Bailaque, los fiscales Scilabra y Argibay Molinz imputaron a Mizzau y al contador Eduardo Semino, por lavado de activos. Se los acusa de haber brindado «asesoramiento contable» al entramado de sociedades de Alvarado. Ambos hicieron los trámites de registración y confeccionaron los informes y estados contables de las firmas Toia, Edra, Logística Santino y Sagrado Corazón de María. “Sabían el origen del dinero y de los bienes. Sus conductas fueron útiles y funcionales a la organización que se dedicaba a la narcocriminalidad”, remarcó Argibay Molina.