os ex mandatarios de Perugorría Jorge Corona y Angelina Lesieux pasaron sus primeras horas de detención alojados en calabozos comunes de la Unidad III de la Policía correntina de Curuzú Cuatiá, donde se encuentra el resto de los imputados en la misma causa por presunto desvío millonario de fondos públicos para viviendas de programas nacionales. Corona y Lesieux decidieron entregarse a la Justicia viernes cerca de las 11, momento de la jornada en el cual se presentaron en la sede de la Unidad Regional III de la Policía provincial, con asiento en la ciudad de Curuzú Cuatiá. Luego del trámite documentario, efectivos a cargo de dicha dependencia los arrestaron y trasladaron esposados hasta el tribunal a cargo de Martín Vega, juez de Instrucción de esa localidad, ante quien formalizaron su descargo con los motivos por los cuales estuvieron ausentes desde diciembre último.
“Somos inocentes, confiamos en la Justicia”, dijeron Corona y Lesieux luego del trámite ante Vega, y previo a ser devueltos a la Unidad III donde permanecen alojados en celdas comunes, separadas por género, y con tratamiento igualitario.
“Hacen lo mismo que todos los detenidos. Comen la misma comida y cumplen los mismos horarios y condiciones que el resto”, comentaron fuentes judiciales a periodistas de época. “El lugar fue remodelado a nuevo hace poco, para cumplir con todas las normativas exigidas para este tipo de instituciones”, aseguraron las mismas voces, y agregaron que “la comida que se les sirve es la que suministra la prestataria contratada para esa finalidad”.
La conmoción que generó la entrega voluntaria del matrimonio sacudió los cimientos institucionales y políticos no sólo de Curuzú Cuatiá y Perugorría, sino de toda la provincia y hasta el país, por su trascendencia. Eran buscados desde diciembre por INTERPOL y sobre ellos pesaba un pedido de captura internacional.
Los teléfonos, tanto personales como de las oficinas de Vega y de su fiscal Alejandra Talamona, estuvieron al rojo vivo a partir de la detención. Eran llamados, más que nada, de la prensa.
Atentos a ello ambos brindaron, en horas de la tarde de ese mismo viernes, una conferencia en la que dieron detalles de los procedimientos realizados para dar con el paradero de los imputados, y de la continuidad de la causa.
“Se sentían rodeados y no tenían posibilidades de seguir ocultándose”, manifestó en ese marco Talamona, quien repasó los distintos operativos realizados en casas de supuestos “prestanombres”, en la propia finca matrimonial donde encontraron una “oficina municipal paralela” -dijo Vega- y electrodomésticos comprados con fondos de la Municipalidad de Perugorría, ambos entre diciembre y enero pasados; y el reciente allanamiento con resultado negativo en la estancia turística Rincón del Diablo, en los Esteros del Iberá. Esta última, según la Fiscal, pese al resultado, fue el “puntapié” para que se entregaran a la Justicia.
A su turno, el Juez señaló que la causa por presunto desvío de fondos públicos para viviendas nacionales es “grande” (involucra a ex ministros de la Nación durante la gestión Kirchner) y que si “en el marco de la investigación suceden más pruebas que puedan involucrar a más personas, no se descartan nuevos detenidos en el hecho”, agregó. A su vez, indicó que en adelante resta “investigar a aquellas personas que prestaron colaboración y cooperaron con los prófugos, por ejemplo en el campo donde ellos estaban escondidos”, porque “cooperar con prófugos de la Justicia es un delito”, remarcó Vega, quien añadió que “también investiga a los inspectores de Nación que aprobaron las obras que se ejecutaron en Perugorría, algunas sin terminar”. “Ellos serán citados en algún momento para formar parte de la causa”, adelantó el Magistrado. ÉPOCA