Ante la difusión y promoción por parte del Municipio de Resistencia, de un tratamiento especial para las pilas usadas, proyectado por la Facultad de Ingeniería de la UNNE a través del CEGAE, el defensor del Pueblo del Chaco, Gustavo Corregido, recomendó estudiar a fondo la práctica, por probables impactos ambientales negativos que podían suceder por “imprevisión o mala praxis”. 

 

Al mismo tiempo, a través del área técnica de Ambiente y RRNN de la Defensoría del Pueblo, se inició una serie de consultas y pedido de informes a las autoridades competentes en la materia, que indicaron la inexistencia de legislación que ampare el procedimiento técnico.

 

El Consejo de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de la provincia, informó que “no es de su incumbencia la aprobación de su implementación en obra”, quedando su responsabilidad en la certificación de planos y honorarios de dirección técnica.

 

A la vez, el Ministerio de Planificación y Ambiente de la Provincia del Chaco, solicitó informes respecto de la temática a la máxima autoridad ambiental del país, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. La respuesta de la cartera ambiental provincial fue contundente: “No existe en el país legislación que ampare el procedimiento técnico ensayado, teniendo que ser previamente probado y aprobado por el INTI e IRAM, para ser publicitado y puesto en práctica”.

 

En otra parte del documento expresa: “Se podría autorizar únicamente, si en cada obra a edificar, se realiza un Estudio de Impacto Ambiental que avale la gestión ambiental”.

 

La tendencia mundial en el tratamiento de la problemática es ir hacia el no confinamiento, dirigiendo los recursos técnicos y esfuerzos hacia una gestión de recuperación o reciclado de los metales o constituyentes (cadmio, plomo, zinc y otros), para ser comercializados nuevamente.