Un correntino del interior, que es un paciente que necesita mantener drogas en frío y que además tiene un hijo con discapacidad, debe hacer magia para poder pagar la factura de luz de 1.200 pesos por mes porque sus ingresos de trabajador independiente no le alcanzan.

 

El caso pone en evidencia otra injusticia que es tan grande como el tarifazo eléctrico: la Provincia de Corrientes, a través de la DPEC, nunca respetó la Ley Nacional 27.351, que garantiza el suministro permanente y gratuito de energía eléctrica a las personas electrodependientes y que rige para todo el país.



En su vivienda de la localidad de San Miguel, este trabajador y padre de familia vive con su esposa y con su hijo de 26 años, que tiene un retraso psicomadurativo. Bajo reserva de su identidad, habló con Corrienteshoy.com para informar su angustiante situación económica, la que se agravó con las boletas que la DPEC le envía todos los meses. Mientras tanto, piensa en accionar ante diversos organismos para que se lo encuadre en el derecho de la ley de electrodependientes.

 

El hombre padece una enfermedad en sus articulaciones y debe comprar las drogas importadas, provenientes de Canadá, para hacerle frente a la vida. El medicamento es humira, de marca Adalimumab, inyectable y se aplica dos por mes. Según los precios actualizados a mayo de 2018 en alfabeta.net, la droga cuesta 51.140 pesos (2.005 dólares) para el tratamiento.



El paciente recibe ayuda de una ONG para asistir al tratamiento y un contenedor para trasladar sus remedios.

 

Cada vez que llegan sus pedidos, desde Corrientes a San Miguel, el hombre debe llevar esos medicamentos en conservadoras especiales porque no puede interrumpir el frío y debe conservarlos en su casa en una heladera, a 6 grados.

 

En este caso, podría considerarse que le corresponde el derecho de no pagar la energía porque es electrodependiente por sus medicamentos. Para ello, tiene el correspondiente certificado médico.

 

Si no toma su medicación, o si se le funde porque le cortan la luz, su cuerpo queda paralizado porque es inmunosupresivo.

 

De la misma manera, posee el certificado médico de su hijo con discapacidad que le expidió el propio Gobierno provincial, de acuerdo a la Ley 24.901.

 

En la DPEC, no puede hasta el momento conseguir ni siquiera un descuento en la tarifa eléctrica que llega ahora 1.200 pesos por mes, un 400 por ciento más que hace dos años.