En fallo dividido, la Cámara suspendió el proceso hasta tanto la Corte defina si el Tribunal Superior de Justicia porteño debe tomar intervención en el caso, a pedir de SOCMA.

La Cámara Comercial, en fallo dividido, suspendió la quiebra del Correo Argentino de la familia Macri, hasta tanto la Corte Suprema decida si la justicia de la Ciudad debe o no intervenir en la causa como lo pidieron los accionistas de la empresa.

De esta manera la causa de la quiebra de la empresa correo sufre un nuevo parate hasta tanto la Corte defina si la justicia porteña tiene competencia para intervenir en el caso.

El fallo fue dividido, y mientras las juezas Matilde Ballerini y María Elsa Uzal votaron por la suspensión del proceso, la jueza Guadalupe Vázquez lo hizo en disidencia, en contra de suspender el concurso.

A pesar de que las juezas dejaron a salvo su postura contraria a que corresponda la intervención del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, determinaron que corresponde esperar que se pronuncie la Corte antes de seguir adelante.

La Procuración General de la Nación, con la firma de Eduardo Casal rechazó en agosto pasado la intervención de ese tribunal porteño como proponía la empresa SOCMA que intenta que la justicia de la Ciudad aparte a la fiscal Gabriela Boquín del expediente.

Justamente, el intento de los Macri para que intervenga el TSJ porteño fue parte de la ofensiva para sacar a la fiscal Boquin, quien en su momento reveló las maniobras del Correo para no pagar su deuda millonaria, y a la jueza Marta Cirulli que dispuso la quiebra.

El Correo, en especial su controlante Socma, confía en tener jueces aliados en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires.

En 2001 comenzó el concurso de acreedores del Correo Argentino S.A., y en 2016 con Macri ya presidente, el Poder Ejecutivo aceptó una oferta para que se pagara en cuotas la deuda. La fiscal Boquín denunció que el acuerdo era “abusivo”, con una quita del 98,87 por ciento de la deuda, y que aceptarlo perjudicaba los intereses del Estado. El acuerdo no llegó a concretarse.

En marzo del 2021 la familia Macri había ofrecido pagar poco más de mil millones de pesos, pero la Procuración del Tesoro rechazó la oferta. En julio la jueza dictó la quiebra pero una apelación suspendió la misma a la espera de la resolución de la Sala B de la Cámara.

Tras la jubilación de María Lilia Gómez Alonso, el tribunal quedó integrado por las jueza Matilde Ballerini y María Guadalupe Vázquez. Luego se sorteó la tercera jueza para definir en el caso, María Elsa Uzal. Pero antes de resolver sobre la quiebra en sí, sostuvieron que la Corte debe definir otros planteos.

Los dueños de la firma sostienen que como las recusaciones a Boquín y a Cirulli se hicieron antes del decreto de quiebra, si se hiciera lugar al apartamiento solicitado todo lo actuado en consecuencia sería nulo. Los abogados de SOCMA también sumaron la recusación de María Guadalupe Vázquez.