Lo informó el fiscal rural que está a cargo del caso, luego de viralizarse imágenes de cómo se secó el caudal del Río Corriente porque una estancia tomó el agua de forma ilegal en medio de una profunda sequía.

Todo ocurre a unos 10 kilómetros de la localidad de Perugorría donde un emprendimiento arrocero puso al menos siete bombas extractoras de agua y toma de esa forma, del caudal del río que es público.

Además, según las primeras informaciones dadas a conocer por el funcionario judicial, sobre el río Miriñay se detectó una represa ilegal de la estancia para desviar el caudal del río. "La unidad fiscal está buscando los medios para conseguir las maquinarias para la destrucción del terraplén y que el agua vuelva a su caudal", informó el fiscal rural este jueves por la mañana.

También las autoridades judiciales confirmaron que no había permisos para tomar el agua de afluentes públicos y sobre lo que se pedirá explicaciones a funcionarios provinciales que justamente deben autorizar el uso del agua en territorio provincial.