Los fiscales federales de Corrientes Carlos Schaefer y Flavio Ferrini denunciaron por falsedad ideológica al juez federal de esa ciudad, Carlos Soto Dávila, en el marco de una investigación en la que fueron imputados dos funcionarios judiciales, dos abogados y un comerciante por una maniobra tendiente a la devolución de un auto de alta gama comprometido en una causa de lavado.

 

Los fiscales Schaefer y Ferrini solicitaron al juez federal 2 de Corrientes, Juan Carlos Vallejos, el requerimiento de instrucción penal contra el titular del juzgado federal 1 de esa ciudad, Carlos Vicente Soto Dávila, al comprobar que la declaración de un testigo fue presuntamente falseada para beneficiar con la devolución de un auto incautado a un procesado por lavado de activos.



Si bien el pedido de imputación a Soto Dávila no fue aceptado y se halla en instancia de apelación, el juez Vallejos ordenó que se investigue al secretario penal del juzgado federal, Pablo Molina, al sumariante Zacarías Issolio, así como también al monotributista Víctor Manuel Fernández y a los abogados Duylio Barboza y Noelia Agnello.



El caso se inició el 24 de junio pasado, cuando Fernández, a través de sus abogados Agnello y Barboza, solicitó al juez Soto Dávila que la Justicia le devolviera un automóvil marca Mercedes Benz modelo Blue Efficiency, secuestrado en un allanamiento a la concesionaria RRVip de Posadas y cuyo responsable era Roberto Rodríguez, hoy procesado por lavado de activos presuntamente proveniente del narcotráfico.



No obstante, ese vehículo figuraba inscripto en un registro de la propiedad automotor de la localidad misionera de Eldorado a nombre del contador Fernando Manuel Gauto, por lo que el juez Soto Dávila, a pedido de la abogada Agnello, lo convocó a Corrientes a declarar como testigo el pasado 12 de agosto.



De las constancias del juzgado federal surge que Gauto supuestamente declaró el 11 de agosto, que se presentó como "comerciante y comisionista en la compra-venta de autos" y que afirmó que el auto se lo había entregado a personas que le habían prestado plata.



Como esa declaración no fue notificada al fiscal interviniente en el caso, Flavio Ferrini, y ante la "inusitada celeridad" que le imprimió el juez al trámite de testimoniales, el Ministerio Público Fiscal dispuso el inicio de una investigación preliminar que dio con Gauto, quien negó haber estado en Corrientes el 11 de agosto.



Asimismo, rechazó "por falaz" la supuesta versión que le adjudicaron y que fue sellada por el juez Soto Dávila y el secretario Molina, con Issolio como sumariante del expediente.



Además, Gauto denunció en su testimonial que la firma aparecida en el expediente correntino no era suya, lo que fue corroborado por un perito de la Gendarmería que certificó que "las firmas obrantes no guardan relación grafo estructural" con su supuesto autor, según consta en el expediente, al que tuvo acceso Télam.



Por su parte, Fernández, quien reclamaba la restitución del auto incautado, afirmó ante el juez que era propietario del Mercedes Benz y que permanecía en la concesionaria misionera porque pretendía venderlo.



En ese marco, los fiscales Ferrini y Schaefer denunciaron que hubo una "actuación conjunta en forma mancomunada y organizada de maniobras simuladas y ardiosas tendientes al recupero" del Mercedes Benz, y calificaron el caso como un "hecho grave".



En tanto, el juez Vallejos ordenó que sean llamados a declarar tanto Fernández como Gauto, quienes fueron citados para hoy, y dispuso la realización de nuevas pericias caligráficas sobre las firmas a un perito de la Prefectura Naval.



Por otro lado, consignaron fuentes judiciales, el magistrado requirió a la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura de la Nación que libre un informe sobre los movimientos que registra el usuario perteneciente a Zacarías Issolio en el periodo comprendido entre el 4 y el 20 de agosto. Telam