El dato se desprende de un informe de la auditoría nacional que sirvió para que el presidente Javier Milei cierre un fondo fiduciario para viviendas. Junto a Chaco, el distrito correntino, es uno de los que menos rendición presentó sobre qué hizo con el dinero enviado para la construcción de viviendas sociales. Situaciones similares se dan en todo el país.



El Gobierno de Javier Milei eliminó esta semana una serie de fondos fiduciarios, entre estos el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social. Este instrumento, creado por la Ley 27.341, tenía como objetivo financiar programas de vivienda social e infraestructura básica a través de aportes públicos, privados y de organismos internacionales, tanto multilaterales como trilaterales.



La lista de anomalías que se pueden apreciar en el informe al que accedió TN a través de un pedido de acceso a la información pública, muestran ejemplos concretos de cómo se inyectaron millones en obras que jamás comenzaron.



Un ejemplo que se consigna en el documento es la construcción de 172 viviendas en el Barrio Doctor Montaña, en la provincia de Corrientes. La obra quedó en estado "A iniciar" y pese a que se firmó un convenio de rescisión de común acuerdo por un total de $297.112.365 y la secretaría de Hábitat intimó a los responsables, los fondos nunca fueron devueltos. A esta situación se suman otros cuatro convenios con irregularidades similares, acumulando un total de $468.862.212 transferidos sin que las obras comenzaran.



Por otra parte, la SIGEN detectó debilidades en la administración de legajos y ausencia de información clave, lo que obstaculizó la supervisión adecuada del uso de los recursos. Es decir, que los responsables del fondo no presentaban documentación ante los organismos de control.



Por otra parte, son varios los entes responsables de obras que no presentaron la rendición de cuentas al finalizar los proyectos. Uno de estos es el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano de Chaco, que no rindió $4.998.880 . En tanto, la Unidad Ejecutora Provincial de Misiones no rindió $19.015.889. Son solo algunos de los ejemplos.



La auditoría de la SIGEN (Sindicatura General de la Nación) también advirtió irregularidades en la presentación de documentación por parte de las autoridades. El fondo fiduciario no presentó los estados contables correspondientes al 2023, lo que "imposibilita validar los números que indicaban un supuesto saldo positivo de $3117 millones". En el mismo informe se detalla que, en contraposición, en 2022 el fondo registró pérdidas de $52 mil millones por "exposición a la inflación". Si bien en algunos casos las obras se completaron, las rendiciones de cuentas finales nunca fueron presentadas.



Más allá de las irregularidades planteadas en el informe, la gestión de Javier Milei nunca tuvo como prioridad la conclusión de proyectos de obras de vivienda. En 2024 fueron muy pocos los avances en esta área, que encontró una herencia de casi 100 viviendas sin terminar.



El panorama habitacional en la gestión de Alberto Fernández



Según datos que oficiales de la auditoría en base a documentación oficial y pedidos de acceso a la información pública, quedaron sin finalizar 96.000 viviendas correspondientes a diferentes programas:



-17.000 casas del programa Procrear.



-16.000 unidades de la iniciativa Casa Propia.



-63.000 del programa Reconstruir, Casa Activa-Casa Propia y soluciones habitacionales (reparaciones en lugar de nuevas obras).



-Un caso concreto es el desarrollo del Procrear en Florencio Varela, donde se planificó la construcción de 114 viviendas que debían estar terminadas en 2023. La obra comenzó en 2021 y se encuentra apenas al 36% de avance.



-Otro caso es el de Berazategui, en donde en abril de 2022 se inició un complejo de viviendas que debió haberse finalizado a finales de 2023. Se comenzaron a construir 1403 viviendas, pero ninguna se terminó y hoy el predio de calle 157 y avenida Padre Mujica está abandonado a la espera de conocer su futuro. Quedó en un 36%. En todo el proyecto el Estado ya colocó $18.252 millones que podrían quedar en la nada si la Casa Rosada no decide reactivar estos proyectos o si no consigue comprador, en caso de que así lo determinen.