Esa posibilidad se inscribe dentro de un plan fluvial del Gobierno nacional para definir la futura licitación. Se creará una Agencia Federal, integrada por Nación y provincias, que adjudicará concesiones y controlará obras.

 

 



La provincia de Corrientes será invitada por el Gobierno nacional a participar de una Agencia Federal para regular el funcionamiento de la hidrovía Paraná-Paraguay. Este fue uno de los tantos temas que estuvo en la agenda del gobernador, Gustavo Valdés en su reciente encuentro con el ministro del Interior, Wado de Pedro.

 

 



El año próximo vence el plazo de concesión de la Hidrovía a una asociación de empresas, por lo que el servicio podría volver a manos estatales.

 

 



Ante el vencimiento de la concesión, en manos de la empresa argentina Emepa y la belga Jan de Nul, el Gobierno nacional tiene un doble desafío: por un lado, definir la nueva licitación o en su defecto, extender el contrato actual y el segundo, que la decisión que se tome esté exenta de dudas sobre la transparencia del proceso.

 

 



Para ello, el presidente Alberto Fernández ya tiene trazado un ambicioso plan. En principio, se creará una Agencia Federal que estará integrada por Nación y representantes de cada provincia que participan de la Hidrovía: Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe.

 

 



Según el portal de noticias La Política (LPO), las provincias que integren la agencia tendrán una participación del 51 por ciento, que se dividirá entre ellas proporcionalmente de acuerdo al área geográfica de la Hidrovía que dispongan y de la inversión que necesiten. Junto con el Gobierno nacional, se encargarán de las adjudicaciones y el control de las obras.

 

 



Con la creación de esta Agencia Federal, la Hidrovía Paraná-Paraguay elevará su estatus jurídico y político que dependerá del Ministerio de Transporte Nacional pero autónoma de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.

 



UN ENTE REGULADOR

Se recuerda que cuando en 1995 se conformó el nuevo sistema de navegación que contemplaba la licitación del mantenimiento, dragado y señalización de la Hidrovía, el ente regulador nunca se constituyó, a diferencia de lo que ocurrió con otros servicios y el poder de control se lo derivó a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.

 

 



En una crónica aportada por el periodista rosarino Fabricio Navone se reactualiza que en abril de 2021 vence una de las concesiones más importantes del país; la administración, dragado y señalización de la Hidrovía Paraná-Paraguay, uno de los principales activos estratégicos con los que cuenta la Argentina por donde se transportan 65 millones de toneladas de productos agrícolas al exterior.

 

 



Ante el vencimiento de la concesión, en manos de la empresa argentina Emepa y la belga Jan de Nul, el Gobierno tiene un doble desafío: por un lado, definir la nueva licitación o en su defecto extender el contrato actual y el segundo, que la decisión que se tome esté exenta de dudas sobre la transparencia del proceso.

 

 



Para ello, Alberto Fernández ya tiene trazado un ambicioso plan al cual pudo acceder en exclusiva La Política Online. En principio, se creará una Agencia Federal que estará integrada por Nación y representantes de cada provincia que participan de la Hidrovía: Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe.

 

 



Además, provincia de Buenos Aires empuja para tener un asiento en la Agencia. Una estrategia similar a la que está llevando el gobierno de Axel Kicillof para constituir el organismo federal de las provincias petroleras y ser parte de la discusión sobre política energética.

 

 



Según adelantaron a este medio funcionarios al tanto del proyecto, las provincias que integren la agencia tendrán una participación del 51 por ciento que se dividirá entre ellas proporcionalmente de acuerdo al área geográfica de la Hidrovía que dispongan y de la inversión que necesiten. Junto con el Gobierno nacional, se encargarán de las adjudicaciones y el control de las obras.

 

 



Con la creación de esta Agencia Federal, la Hidrovía Paraná-Paraguay elevará su estatus jurídico y político que dependerá del Ministerio de Transporte Nacional pero autónoma de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.

 

 



El tema no es menor y son varios los gobernadores que se anotaron para dar pelea por el control de la Subsecretaría que iba a estar al frente de la licitación.

 

 

Una larga deuda



Se busca saldar una deuda que el Estado arrastra desde 1991 cuando se sancionó la Ley de Reforma del Estado. En la norma defendida por Roberto Dromi se creaba, junto con las privatizaciones de las empresas nacionales, órganos de control que debían monitorear las concesiones.

 

 



Cuando en 1995 se conforma el nuevo sistema de navegación que contemplaba la licitación del mantenimiento, dragado y señalización de la Hidrovía, el ente regulador nunca se constituyó, a diferencia de lo que ocurrió con otros servicios y el poder de control se lo derivó a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.

 

 



Tal es así, que los especialistas en la materia vienen insistiendo desde hace años en la necesidad de crear un órgano superior que tenga una mirada integral del sistema multimodal del transporte. Todo indica que el proyecto de Fernández busca remediar esta deuda de décadas y jerarquizar uno de los recursos geoestratégicos más importantes del país.

 

 



Tampoco es ajeno a Fernández que, en los últimos años, la Hidrovía se convirtió en sinónimo de corrupción y fue uno de los blancos preferidos de Carrió. Luego, la Causa de los Cuadernos terminó pegando en la línea de flotación de la concesión derivada del Pacto de Olivos.