Un decreto viralizado en las últimas horas consigna un monto superior a los $5,5 millones a una empresa encuestadora. Fue contratada por el Poder Ejecutivo en abril de 2020 al inicio de la pandemia de coronavirus y en plena cuarentena. La misma empresa volvió a ser contratada en marzo pasado. Todo sin llamado a licitación y sin concurso de precio, la vía utilizada fue contratación directa.

En las redes sociales se viralizó este viernes por la mañana imágenes de un Decreto, el número 651, por el que la administración provincial contrató los servicios de un encuestadora: “En concepto de servicio de relevamiento de datos (cuantitativos y cualitativos) sociales, económicos y políticos en los municipios de la provincia de Corrientes por el término de 12 meses computados a partir del 1 de enero de 2020, estableciéndose como forma de pago mensual por la ejecución de tareas ($459.800,00)”.

El total de la contratación es de $5.517.600.

La misma firma volvió a ser contratada, siempre por vía directa, el pasado 23 de marzo, pero en el Decreto N° 623, no se dan todos los detalles que sí se dan en el de abril de 2020.

Por estas contrataciones senadores provinciales de la oposición pidieron informes al Poder Ejecutivo, explicaron que el mismo trabajo de relevamiento lo puede hacer la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), con idéntico o mejor rigor científico debido a la calidad de profesiones y técnicos que posee. O bien, el Ejecutivo podría haber pedido un relevamiento a otras universidades nacionales del país. Si es que el relevamiento que necesitó y necesita aún el gobierno de Corrientes, es sobre cuestiones de Estado y para mejorar políticas públicas.

Si es un relevamiento para cuestiones electorales partidarias, quizás la encuestadora en cuestión sea la más acorde para ese menester. Pero es pagada con el erario estatal correntino.

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