Fue ultimado de 14 puñaladas al defender a su acompañante de un robo. La justicia condenó al autor, pero no pudo dar con el cómplice.
Hace cinco año era asesinado en un intento de robo el estudiante universitario Maximiliano Rodrigo Aquino, un hito en la historia criminal reciente de la provincia. A un lustro de aquella fría mañana de sábado, la Justicia dio por esclarecido el hecho con la condena a 22 años de José “Josele” Altamirano, aunque hasta la fecha no ha descubierto quién fue el cómplice del homicidio, el sujeto que conducía la motocicleta desde la cual abordaron a la víctima y a su acompañante, Melisa Arrúa, a las 6.18 en la calle Uruguay al 700, a menos de una cuadra de la residencia de la joven.
Pocos asesinatos han conmovido tanto a la opinión pública como el crimen de Aquino, de 21 años y oriundo de San Roque, quien cursaba el segundo año de la Carrera de Agronomía. “Maxi” -como le decían sus allegados- tenía pensado terminar sus estudios y volver a su pueblo para ayudar a su familia en la chacra, pero el destino decidió darle otro rumbo a su vida: lo convirtió en un emblema de la inseguridad. Maxi fue asesinado de 14 puñaladas al intentar evitar que los delincuentes se apoderen del celular de Arrúa, a quien acompañaba a su residencia luego de haber bailado y festejado en la peña universitaria del Club de Regatas.
La pesquisa policial fue célere: en menos de 5 horas la Dirección de Investigación Criminal (ex Brigada) había capturado a Altamirano, de 22 años, en el Puerto Italia (a unas cinco cuadras del lugar del crimen) cuando se encontraba en una canoa. También arrestaron a dos sospechosos como supuestos acompañantes, pero ambos dieron coartadas y lograron zafarse.
“Josele” sostuvo su inocencia y afirmó que fue obligado a confesar en un video. Empero, en octubre de 2016 el Tribunal Oral Penal Nº 2 de Corrientes lo condenó a dicha pena como autor material de “homicidio simple” ya que no se concretó el robo por el accionar de la víctima, que impidió la configuración del delito de “homicidio criminis causae” que prevé perpetua. El fallo condenatorio se apoyó en tres patas: la pesquisa policial, la prueba de ADN que determinó que en uno de los pantalones secuestrados en la casa de Altamirano había una mancha de sangre que correspondía a Aquino y el perfil del acusado: un drogadicto y con antecedentes policiales por arrebato.
A la fecha “Josele” cumple la pena en la Unidad Penal Nº 1. Su última chance radica en una revisión por parte de la Corte Suprema.